Etiqueta: Justicia e interior,Poder judicial

Madrid, 30 jun (EFE).- El Gobierno solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe a las 14 horas de los jueces y fiscales que han secundado la huelga convocada para tres días a fin de detraerles el salario correspondiente y asegurar el buen uso de los fondos públicos,
Así lo han señalado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que han recalcado que el Gobierno «respeta las acciones convocadas para mañana por diferentes asociaciones judiciales y fiscales y a quienes se sumen a ellas, así como a los jueces, magistrados y fiscales que decidan no hacerlo».
Jueces y fiscales están llamados desde este martes a tres jornadas de huelga en protesta por los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ha reiterado que esa convocatoria carece de base legal.
El Gobierno ha querido reiterar la necesidad de una reforma que «moderniza» las carreras judicial y fiscal «por primera vez en 40 años» y especialmente las pruebas de acceso, que «son del siglo XIX».
Para el departamento que dirige Félix Bolaños, se trata de «blindar» las becas para opositores, incluir un examen escrito para medir más habilidades además de las memorísticas y garantizar que los exámenes escritos son anónimos y los orales son grabados.
Asimismo, las reformas proponen que los jueces que preparen a opositores se inscriban en un registro público, y establecen un proceso de estabilización para juezas y fiscales sustitutas para cumplir con la Unión Europea y «evitar una sanción millonaria a España por la Comisión Europea».
Como la huelga ya está convocada, el Gobierno ha solicitado al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que cada día en el que estén convocados estos paros le informen, antes de las 14:00 horas, de los jueces y fiscales que no acuden a su puesto de trabajo «con el fin de conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secunden».
«Esta comunicación es necesaria para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el ministerio es el organismo pagador de jueces, fiscales y magistrados», subrayan las fuentes. EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- La Comunidad de Madrid ha formalizado este martes la demanda del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra la Ley de Eficiencia de la Justicia, coincidiendo con la entrada en funcionamiento de los primeros tribunales de instancia contemplados en dicha norma.
Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una visita a la nueva aula de formación de formación para los funcionarios de la Administración de Justicia.
García Martín ha recalcado que la madrileña no es una administración «insumisa» y por eso ha cumplido en plazo con la ley: así, hoy echan a andar los primeros tribunales de Instancia en 14 de los 21 partidos judiciales de la región, además de 126 oficinas de Justicia (antiguos juzgados de Paz).
No obstante, el consejero se ha quejado de que la reforma «se ha hecho sin contar con el Poder Judicial» y «sin contar con las comunidades autónomas», y además «sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo necesario».
La Comunidad de Madrid considera que, «por el principio de lealtad institucional», el Estado debe «establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas».
En este caso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso calcula que la implantación de esta ley le costará, en su primer año en vigor, 43 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad serán gastos «estructurales».
Por ello, Madrid exige al Gobierno que evalúe los costes reales y posibilite los instrumentos necesarios para resarcir económicamente a las comunidades autónomas.
No obstante, el Gobierno sostiene que la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años. EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha alertado este martes de los «daños incuestionables» causados por el primer día de huelga de jueces y fiscales que provocará, a su juicio, que muchos asuntos ya no se puedan resolver este año.
«Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande», afirma el presidente de la Abogacía, Salvador González que recuerda que si 2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes, 2025 podría terminar mucho peor».
Es por ello que pide al Gobierno y las asociaciones de jueces y fiscales convocantes que reanuden el diálogo para poner fin al conflicto, pero mientras dure la huelga aboga por cumplir unos servicio mínimos para minimizar el impacto de los paros.
Entre otras medidas, reclama que se avise con antelación de las citaciones suspendidas, que las oficinas judiciales continúen tramitando asuntos, y que en aquellos juzgados donde los jueces no estén de huelga el trabajo se desarrolle con normalidad.
«No olvidemos que detrás de cada juicio suspendido, hay ciudadanos y profesionales de la abogacía que les acompañan que no han podido obtener hoy el derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución», destaca el presidente de la Abogacía. EFE
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Madrid, 2 jul (EFE).- El Colegio de Abogados de Madrid ha detectado una «fuerte incidencia» en los tribunales de la Comunidad de Madrid de la huelga de jueces y fiscales que comenzó ayer, al contabilizar en su primera jornada la suspensión de 461 de los 945 juicios y vistas señalados, lo que supone un 48,8% de suspensiones.
Así lo refleja un informe que ha elaborado el departamento de Defensa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que analiza de forma detallada el impacto de la primera jornada de huelga.
El estudio, basado en datos recopilados de las distintas Salas de Abogacía de la región y de la Agenda Judicial Electrónica, «revela una afectación significativa en la actividad judicial», según destaca el ICAM en una nota de prensa.
A la luz de dicho informe, la primera jornada de huelga provocó «una suspensión relevante de señalamientos judiciales, con cientos de procedimientos paralizados» y tuvo «un impacto significativo sobre la actividad judicial, con una significativa tasa de suspensiones de juicios y vistas programadas».
Según el informe, que aclara que las cifras son estimativas, «la magnitud del paro queda reflejada» en esa suspensión del 48,8% de los juicios señalados para este pasado martes, si bien 484 del total de juicios programados (el 51,2%) se celebraron sin incidencias.
En cuanto al número de jueces y fiscales que secundaron esta primera jornada de paros, el ICAM calcula que en la Comunidad de Madrid fueron cerca de un centenar, siendo la sede de los Juzgados de Julián Camarillo donde mayor número de huelguistas se sumaron, unos 13, seguida de la de los Juzgados de Plaza de Castilla y los de la calle Princesa, con algo más de una decena en cada sede.
Uno de los elementos más preocupantes para el ICAM ha sido la suspensión de juicios sin notificación previa a la abogacía, «situación que vulnera gravemente los derechos de los profesionales y de sus representados», y en su informe identifica 11 juzgados concretos en los que se produjeron ese tipo de incidencias, dos de ellos especializados en Violencia sobre la Mujer.
Durante esta primera jornada de huelga, el Departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM recibió cerca de una veintena de comunicaciones formales de incidencias, que ya han sido registradas y derivadas a los órganos judiciales correspondientes.
El ICAM ha iniciado además un seguimiento individualizado de cada una de esas incidencias para determinar nuevas fechas de señalamiento y valorar las posibles dilaciones procesales.
El Colegio de Abogados hace por ello una llamada a una mayor previsibilidad y respeto profesional y pide que se garantice «la mínima afectación a la ciudadanía y a los profesionales del Derecho, especialmente en lo que respecta a la comunicación y previsibilidad de suspensiones».
De este modo insiste en que la protesta no debe suponer un deterioro en el acceso a la justicia ni una merma en las garantías procesales. EFE
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Bilbao, 2 jul (EFE).- El presidente de la APM de Euskadi, Emilio Lamo de Espinosa, ha opinado que «si el ministro Félix Bolaños trata de minusvalorar el impacto de la huelga, es que estamos en el buen camino» y ha aclarado que la movilización «no es contra el Gobierno, sino por la independencia judicial».
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cifró este martes el seguimiento del primer día de huelga de jueces y fiscales en un 28,75 %, si bien las asociaciones convocantes elevaron el seguimiento al 75 %.
Este miércoles se celebra la segunda jornada de huelga de las tres convocadas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) para exigir la retirada de los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal.
En declaraciones a EFE, Lamo de Espinosa ha valorado que la movilización «está yendo francamente bien» en Euskadi, con «un seguimiento masivo» que se refleja en que, por ejemplo, la actividad del Palacio de Justicia de Bilbao «estuvo ayer prácticamente paralizada».
«Se celebraron algunos juicios y algunas instrucciones judiciales pero dentro de los servicios mínimos» fijados por el propio Comité de Huelga conformado por las asociaciones convocantes.
«Es previsible que hoy también la actividad esté casi parada en Bilbao», en función de «la gran cantidad de correos» que están enviando esta mañana jueces y fiscales comunicando que secundan la huelga, ha adelantado.
En todo el Estado «el seguimiento ha sido elevadísimo; yo no recuerdo un seguimiento más multitudinario» en otros paros, ha destacado.
En cualquier caso, las cifras concretas del seguimiento de la protesta y al detalle por Comunidades Autónomas no se publicarán hasta final de semana, ha indicado. EFE
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