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Las Palmas de Gran Canaria, 30 jun (EFE).- El juez al cargo del caso de Yéremi Vargas, el niño que desapareció hace 18 años en Vecindario (Gran Canaria), no interrogará al hombre al que la familia señala como principal sospechoso, Antonio Ojeda, ‘El Rubio’, hasta recibir el resultado de las nuevas pruebas médicas que ha encargado.
En un comunicado, el despacho de Marcos García Montes, el letrado que representa a Ithaisa Suárez, la madre de Yéremi, asegura que el «el juez difiere tomar declaración como investigado a Antonio Ojeda Bordón» hasta que se practiquen las nuevas diligencias ordenadas.
La posible citación de ‘El Rubio’ como investigado -es decir, como posiblemente implicado en la desaparición o muerte de Yéremi-, si se produce, supondría toda una novedad en la actual etapa de este caso, porque el juez se negó a llamarlo en 2021, tras reabrir la causa, ni siquiera como testigo, para no comprometer la instrucción.
Entonces, el magistrado respondió a la familia que no veía posible interrogar a Ojeda como testigo -es decir, con la obligación de decir la verdad-, porque, si bien en este momento la causa no se dirige formalmente contra él, la madre y el abuelo de Yéremi Vargas y su defensa lo señalan de forma repetida como alguien que participó en la desaparición del niño o que, al menos, sabe lo que le sucedió.
«En su caso, su declaración habría de ser como investigado y lo habría de ser en el momento en el que existan pruebas o indicios suficientes para dirigir la investigación contra esta persona», razonaba hace cuatro años el juez, que advertía de que llamar a Ojeda como testigo supondría «un riesgo evidente para la actividad instructora» si más adelante hubiera base para imputarlo, por las garantías constitucionales que protegen la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
Antonio Ojeda, ‘El Rubio’, estuvo formalmente imputado como presunto autor de la desaparición y posible muerte del niño Yeremi Vargas hasta marzo de 2018, cuando la Audiencia de Las Palmas decidió confirmar el archivo del caso, al compartir las razones por las que el juez instructor defendía en esa fecha que no había base suficiente para dirigir contra ninguna persona la investigación.
Sin embargo, el juez reabrió después el caso al aceptar la demanda de la familia Vargas-Suárez de que examinase una serie de indicios que, a su entender, no se valoraron en su momento y que consideran que permitirían volver a investigar a Antonio Ojeda.
‘El Rubio’ ha cumplido en los últimos años una condena por abusos sexuales a un menor en El Doctoral, barrio colindante con Vecindario, un caso que la familia Vargas-Suárez -y la Guardia Civil- veían con paralelismos con lo que pudo pasarle antes a Yéremi.
Y, durante su estancia en la cárcel, hizo una serie de comentarios sobre el niño de Vecindario a algunos presos que la familia sostiene que son reveladores de que sabe lo que le pudo ocurrir.
En esas conversaciones, Ortega habría mencionado que el niño había muerto y que estaba «azul», detalle este que, para la acusación, demuestra que no estaba fanfarroneando con sus compañeros de prisión, porque solo en la familia sabían que Yéremi padecía cianosis.
Las pruebas a las que, según el letrado García Montes, el juez condiciona ahora el llamar o no a El Rubio como investigado tienen que ver precisamente con eso, con la cianosis y sus características. EFE
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València, 2 jul (EFE).- La jueza que investiga la gestión de la dana del pasado 29 de octubre ha pedido a la Conselleria de Emergencias que informe sobre el requerimiento efectuado aquella jornada a los bomberos para la vigilancia de los cauces del río Magro y del barranco del Poyo.
En una providencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la titular de Instrucción 3 de Catarroja ha acordado tramitar la petición que hizo la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià.
Así, da cinco días a la Conselleria de Emergencias para que remita al juzgado copia de la nota remitida a las 12:30 horas requiriendo la vigilancia de los citados cauces, identificando al emisor y receptores.
También copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia, identificándolo, por el que se da el visto bueno para la activación de este dispositivo en el área del puente de Carlet y en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta.
Igualmente, se reclama al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para que, en el plazo de cinco días, remita al juzgado copia de la comunicación del coordinador de los Bomberos Forestales del Consorcio de Valencia en la que se da el visto bueno a la activación del referido dispositivo de vigilancia.
Al consorcio se le pide, además, un informe relativo a las unidades movilizadas, especificando los puntos específicos en que trabajaron, las horas de llegada y finalización y los informes evacuados sobre la situación.
Y pregunta la jueza también sobre el número de helicópteros de bomberos forestales disponibles por el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia el día 29 de octubre, si se llegó a solicitar permisos de aviación civil para operar y cuál fue el uso que se les dio dicho día.
En relación con la actividad de la sala de atención de llamadas del 112, la jueza ha pedido información sobre los informes emitidos por el supervisor de la sala durante la noche del 28 al 29 de octubre de 2024, y los tres informes redactados durante todo el día 29 de octubre para traslado de información en el cambio de turno de los supervisores.
También ha reclamado las dos grabaciones del mensaje de respuesta automática del 112 que fue grabado aquella jornada, así como certificación de la hora en que fueron publicadas y cambiadas dichas grabaciones en atención de la evolución de la emergencia.
Por último, ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias que informe de qué autoridad y organismo remitieron las imágenes de las carreteras el día 29 de octubre de 2024 que se reprodujeron en las pantallas de la sala de mando y control, cómo se recibieron y en qué momento. EFE
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