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Zaragoza, 1 jul (EFE).- Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’́Esquadra han desarticulado una organización criminal dedicada al cultivo interior de cannabis en Aragón y Cataluña en el que han detenido a 15 personas de distintas nacionalidades por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.
En total se han practicado 13 registros en inmuebles de las provincias de Huesca, Barcelona, Girona y Tarragona, en los que se han incautado 4.765 plantas de cannabis, 1 kilo de hachís, 26 de polen de hachís, 17.000 euros en efectivo y un arma corta simulada.
La investigación, denominada LOGRAU–AQUA, comenzó en octubre cuando efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca detectaron una vivienda en la comarca del Somontano que se empleaba para el cultivo intensivo de cannabis en su interior y se pudo determinar una serie de personas, vehículos y empresas opacas que se empleaban para el alquiler de viviendas y naves que posteriormente se utilizaban para el cultivo intensivo de marihuana.
Los agentes, en el transcurso de las investigaciones, fueron conformando la estructura de la red criminal, pudiendo determinar que sus líderes residían en la provincia de Barcelona, informa el instituto armado en una nota de prensa.
En el marco de coordinación a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, se comprobó que esta red también estaba siendo investigada en Cataluña, por parte de los Mossos d’́Esquadra de Granollers, por lo que se acordó una investigación conjunta.
Se solicitó a los juzgados competentes de Barbastro y Granollers autorizaciones para la entrada y registro de trece inmuebles y el pasado 17 de junio el equipo conjunto de investigación y con el apoyo de distintas Unidades de Intervención de ambos Cuerpos, dieron cumplimiento a los autos judiciales en las provincias de Huesca, Barcelona, Tarragona y Girona.
Fueron detenidos los líderes de la organización y los integrantes del escalón de base; un total de 15 personas de nacionalidad albanesa, española y dominicana de entre 23 y 65 años, vecinas de las provincias de Barcelona, Tarragona, Gerona y de la comarca oscense del Somontano.
Los investigadores estiman que esta operación ha supuesto el desmantelamiento total de una organización criminal dedicada al cultivo de cannabis intensivo, que tenía estructura y capacidad para distribuir sustancia estupefaciente por unos 4 millones de euros anuales, además de una defraudación de fluido eléctrico por casi 500.000 euros.
Se considera asimismo que se ha conseguido el desmantelamiento de numerosas plantaciones clandestinas de marihuana, además de la resolución judicial de ingreso en prisión sin fianza de los dos líderes de la estructura criminal.
Las diligencias y cuatro de los detenidos fueron entregados en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Barbastro, cuyo titular decretó prisión sin fianza para los dos líderes de la red, mientras que los otros dos detenidos quedaron en libertad con cargos. Las otras once personas serán citadas cuando la autoridad judicial estime oportuno. EFE
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San Sebastián, 1 jul (EFE).- Covite ha contabilizado un total de 168 actos de apoyo a ETA en el primer semestre de 2025, 20 menos que en el mismo período del año anterior, lo que equivale a un descenso del 11 % en este tipo de actos.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha difundido este martes en un comunicado el balance que ha hecho su ‘Observatorio de la Radicalización’, espacio en la página web de la asociación que registra y documenta «los actos relacionados con la radicalización violenta en el ámbito del terrorismo de ETA».
Según indica, se constata, por tercer año consecutivo, la desaparición de los actos de recibimiento a presos de la organización terrorista tras su salida de la cárcel, dado que el último ‘ongi etorri’ que Covite registró tuvo lugar en marzo de 2022.
«Desaparición de los ongi etorri»
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha asegurado que se trata de una «muy buena noticia para las víctimas al tratarse de los actos más humillantes que podían presenciar».
«No hay nada más doloroso que ver cómo se homenajea al asesino de tu familiar en los mismos lugares en los que este cometió el crimen», ha remarcado.
No obstante, Ordóñez ha expresado su «profunda decepción» con la Justicia por «no haber actuado para frenar los ongi etorris» y ha recordado que entre 2016 y 2019 Covite presentó más de 30 denuncias que fueron archivadas.
En este contexto, ha lamentado que la última denuncia que iba a terminar en juicio se haya resuelto a través de un acuerdo de conformidad entre los organizadores de estos actos, la Fiscalía y las acusaciones que, según precisa, en este caso eran la AVT, Dignidad y Justicia y el Partido Popular.
En cuanto a los 168 actos de apoyo a ETA registrados en lo que va de año, Covite precisa que «la gran mayoría están organizados por Sortu y EH Bildu, o por sus organizaciones satélite, como Sare».
«La gran mayoría organizados por Sortu y EH Bildu»
Respecto a la tipología de los actos documentados por Covite, 91 fueron manifestaciones en las que se reclamó la excarcelación de los etarras presos, mientras que 32 fueron pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos.
También se contabilizaron 12 homenajes públicos a etarras fallecidos; 9 fiestas populares celebradas específicamente para enaltecer a ETA, y un homenaje en la vía pública a un etarra que todavía está en prisión.
Los 23 actos restantes se han encuadrado en la categoría de ‘Otros’, ya que no han podido clasificarse en ninguna de las categorías anteriores, precisa Covite.
Covite ha denunciado, por último, la implicación de instituciones públicas en muchos de estos actos con mención especial a ayuntamientos vascos y navarros que, directa o indirectamente, colaboran o los permiten. EFE
cgc/is/bal

Almería, 1 jul (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado tres plantaciones de marihuana en El Ejido (Almería) e intervenido más de 6.000 plantas de cannabis en el marco de tres operaciones simultáneas —ISPA9, MOL2 (segunda fase) y URGI25 INVER— que se han saldado con doce personas detenidas, según ha informado en una nota el instituto armado.
Las actuaciones se desarrollaron de manera simultánea en dos viviendas y varios invernaderos, donde se halló un cultivo intensivo de marihuana equipado con material eléctrico, ventiladores y sistemas de iluminación artificial para favorecer el crecimiento de las plantas.
Las investigaciones han sido coordinadas por el Área de Investigación del Puesto Principal de El Ejido, con el apoyo de unidades de la USECIC de la Comandancia de Almería, la Patrulla Rural de Compañía (PRC), patrullas del puesto principal, técnicos de Endesa y el CITCO.
En todos los casos, las entradas y registros fueron autorizadas por la autoridad judicial, tras constatarse fuertes olores característicos, ruidos de aparatos de ventilación y consumos eléctricos anómalos, que fueron analizados por técnicos de la empresa suministradora.
Operación ISPA9
En una vivienda inspeccionada, la Guardia Civil encontró más de 400 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, además de un foco LED de alta potencia, un extractor de aire y 22 ventiladores distribuidos por las estancias.
La operación concluyó con seis personas detenidas —cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad y residentes en la zona—, acusadas de delitos de cultivo y elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.
Operación MOL2 (segunda fase)
En otro registro, los agentes hallaron una rama de cogollos recién cortada, 45 lámparas, 45 balastros, seis ventiladores, siete equipos de aire acondicionado, dos filtros de aire y restos de cogollos, además de 1.200 euros en efectivo.
El operativo se saldó con seis arrestos —cuatro hombres y dos mujeres—. Dos de ellos están acusados de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico, mientras que a los otros cuatro se les imputa exclusivamente la defraudación del suministro eléctrico.
Operación URGI25 INVER
Durante la inspección de cuatro invernaderos, los agentes localizaron más de 5.600 plantas de cannabis: 750 plantas en el primero; 1.500 plantas con cogollos en el segundo; 2.700 plantas en crecimiento en el tercero y 700 plantas en floración en el cuarto.
Las diligencias, junto a los efectos y la droga intervenida, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de El Ejido. EFE
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mma/vg/bal

Córdoba, 1 jul (EFE).- La organización criminal dedicada al blanqueo de capitales que la Guardia Civil desarticuló el 18 junio tras una investigación originada en Córdoba, que propició la detención de 19 personas, obtuvo un beneficio ilícito de hasta 40 millones de euros al año en operaciones de compraventa de metales precisos como oro y plata.
En rueda de prensa en Córdoba, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, ha explicado que la operación, denominada «Fenicio-Diávolo 24» y que sigue abierta, se inició en abril de 2024 cuando los agentes detectaron «movimientos extraños de capital» en las oficinas de varias empresas de Córdoba que se dedicaban a la compraventa de oro.
Tras un año de pesquisas en la que participaron distintas unidades operativas de la Guardia Civil, el pasado 18 de junio se procedió al registro de hasta 20 instalaciones empresariales, once de ellas radicadas en Córdoba, tres en Madrid, dos en Zamora, dos en Salamanca y otras dos en Sevilla, donde se logró detener al cabecilla de la organización mientras trataba de escapar por una ventana con 10.000 euros en efectivo.
La explotación de la operación culminó con la detención de hasta 19 personas, siete de las cuáles ya han ingresado en prisión, y la investigación de otras seis por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Durante todos los registros efectuados, los agentes intervinieron 615.000 euros en efectivo, unos 12,5 kilogramos de oro valorados en más de un millón de euros, otros 12,5 kilogramos de plata valorados en 15.200 euros, así como un gran número de joyas de origen desconocido, ocho vehículos, armas de fuego y abundante documentación.
Según ha detallado el teniente coronel jefe del Departamento Contra el Narcotráfico de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha, la organización criminal utilizaba una oficina en la capital cordobesa para dirigir y gestionar el blanqueo de capitales y recibir enormes cantidades de efectivo.
Además, contaba con ramificaciones y eslabones en diversas provincias de España -concretamente en Madrid, Salamanca y Zamora- desde las que transportar el dinero en efectivo a varios puntos del territorio nacional.
Organización criminal en China
De esta manera, este metal era posteriormente vendido en distintas empresas del Parque Joyero de Córdoba, quienes se encargaban de su reintroducción en el mercado lícito, por lo que la investigación se centró en una serie de empresas «pantalla» controladas por la organización criminal y administradas por testaferros.
Los agentes pudieron comprobar que los fondos blanqueados se remitían a los «clientes» de la organización criminal, otra red de origen asiático, y constataron que algunos de sus miembros estaban vinculados al tráfico de drogas y delitos contra las personas, actividades que originaban parte del capital blanqueado.
Igualmente, se comprobó cómo miembros de la organización recogían, prácticamente a diario, cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de diversos establecimientos asiáticos, por lo que no se descarta que una parte de los fondos blanqueados tuvieran su origen en un posible delito fiscal derivado de la incorrecta declaración de los beneficios obtenidos en estos negocios.
Finalmente, una vez completada la operativa por la organización criminal de blanqueo de capitales, los «clientes» requerían que se les remitiesen los fondos blanqueados a empresas controladas por estos situadas en «países de difícil cooperación internacional, como es el caso de la República Popular China», ha detallado Remacha. EFE
lor/vg/bal
(foto)(vídeo)

Cádiz, 1 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por almacenar en una parcela urbana de El Puerto de Santa María (Cádiz) alrededor de 700 garrafas de gasolina, con aproximadamente 17.500 litros de gasolina.
Según informa hoy la Policía en una nota de prensa, las detenciones se produjeron en la tarde del pasado 20 de junio, cuando una patrulla observó a un individuo manipulando garrafas en el interior de un vehículo en una gasolinera de autoservicio.
Las investigaciones posteriores condujeron a los agentes hasta una parcela próxima, donde fue interceptado un segundo vehículo con la misma actividad.
En el interior de la finca, los agentes hallaron centenares de garrafas de 25 litros, muchas de ellas llenas de un líquido con olor y color similares a los del carburante.
Ante el evidente riesgo de incendio o explosión, especialmente por las altas temperaturas del día que superaban los 35 °C, se procedió de manera preventiva a evacuar a los vecinos colindantes.
Durante el dispositivo fue localizado un tercer implicado que permanecía oculto entre la maleza de la parcela.
La operación culminó con la detención de los tres individuos, la intervención de los vehículos implicados y el inicio de la cadena de custodia del combustible incautado.
Según los primeros indicios, la gasolina estaba destinada al abastecimiento de embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas por vía marítima.
Esta actuación se enmarca en el refuerzo operativo que la Policía Nacional mantiene contra el tráfico de drogas y el denominado “petaqueo”, con el objetivo de desmantelar las infraestructuras logísticas que dan soporte al narcotráfico en el litoral gaditano. EFE
ilm/vg/bal

Granada, 1 jul (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de un delito de abandono por llevar a un menor de 17 años a dependencias policiales simulando que estaba solo en España, un adolescente sobrino de uno de los arrestados que recibe atención en un centro de menores.
Según ha informado este cuerpo armado, los detenidos son dos hombres de origen marroquí, uno tío del menor y otro amigo de la familia, acusados ambos de abandono de un menor y de un segundo delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
Los dos procesados, que han quedado en libertad con cargos, simularon la situación de desamparo del menor y lo llevaron a dependencias policiales fingiendo que lo habían encontrado en una calle de Granada.
Los hechos comenzaron semanas antes cuando el menor, de 17 años, fue trasladado por su tío desde Marruecos hasta Andalucía a través de una frontera marítima.
Tras permanecer alojado unos días junto a su tío, este adulto contactó con un amigo de la familia para que trasladase al menor hasta Granada y que simulase entonces que lo había encontrado deambulando por las calles de la ciudad.
La intención no sería otra que la de forzar su ingreso en un centro de menores de Granada para conseguir con el paso del tiempo un permiso de residencia y, eventualmente, lograr la reagrupación familiar del resto de su familia residente en Marruecos, según ha añadido la Policía Nacional.
En cuanto el menor llegó a la comisaría del distrito Norte de Granada, los agentes realizaron los trámites necesarios para su ingreso provisional en un centro de menores dependiente de la Junta e iniciaron una investigación sobre su identidad, filiación y circunstancias personales.
Esa investigación ha demostrado que los padres del menor residen en Marruecos y que el tío paterno, con residencia legal en España, había trasladado al menor hasta territorio nacional con consentimiento y la intención de dejarlo ingresado en un centro de menores para que recibiese alojamiento, manutención y estudios.
Tanto el tío del menor como el amigo de la familia que lo trasladó a Granada han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio. EFE
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mro/vg/jdm

Valladolid, 1 jul (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas por su supuesta responsabilidad en la instalación térmica -calefacción y agua caliente- de un establecimiento hostelero de Medinaceli (Soria), donde murieron dos personas y resultaron lesionadas otras dos, vecinos de Barcelona, al parecer por monóxido de carbono.
El instituto armado ha esclarecido las causas de los dos fallecimientos y de las lesiones de las otras dos personas, ocurridos el pasado 7 de diciembre, durante el puente de la Constitución, han informado este martes fuentes de la Guardia Civil.
Desde diciembre de 2024, la Guardia Civil de Soria ha desarrollado una investigación de nombre ‘KERAMIK’ para averiguar las causas del suceso que afectó a las cuatro personas, que se encontraban alojadas en el citado establecimiento.
El pasado 7 de diciembre fueron requeridos en el local distintos Servicios de Emergencia, después de hallar sin vida a dos de sus huéspedes, tras lo que se conoció que otros dos necesitaron asistencia hospitalaria.
En primera instancia y bajo actuación de efectivos de los bomberos de la Diputación de Soria, se detectó la posible existencia de una atmósfera tóxica por monóxido de carbono en el interior del establecimiento y que la causa más probable de las muertes fue su inhalación.
Con estos primeros indicios, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria inició la investigación orientada al esclarecimiento de los hechos e identificación de sus potenciales responsables.
Los primeros indicios apuntaron a que el posible origen del monóxido de carbono había sido la instalación térmica (calefacción y agua caliente sanitaria) del establecimiento.
Para llevar a cabo pesquisas sobre estas instalaciones resultó esencial, por el rigor técnico y la necesidad de seguridad, constituir un dispositivo con efectivos especialistas del Servicio de Desactivación de Explosivos (SEDEX), de la Unidad Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ) y de la Unidad de Reconocimiento del Subsuelo.
La actuación técnica de estos efectivos llevó a la conclusión de que los hechos investigados habrían sido causados por una mala ejecución de la instalación térmica del establecimiento, que hubiera inducido a una atmósfera tóxica de monóxido de carbono, alcanzando niveles de exposición letales.
Estos resultados, junto al resto de indagaciones, desembocaron en que la instalación térmica también se encontraba en una situación irregular, estando desatendidas obligaciones orientadas a su seguridad en materia de industria.
La Guardia Civil ha considerado que los hechos investigados pueden constituir la supuesta autoría de dos delitos de homicidio por imprudencia y otros dos de lesiones por imprudencia.
Atribuye la supuesta responsabilidad a cuatro personas que tienen que ver con la instalación térmica y la gerencia del establecimiento. EFE
erbq/oli

Aranjuez (Madrid), 1 jul (EFE).- La mayoría de los menores condenados en España en el último año y medio por delitos relacionados con el yihadismo no solo consumían y divulgaban en redes contenidos terroristas, sino que además manifestaron su deseo de cometer atentados y en algunos casos ya habían fabricado y probado artefactos explosivos.
Esta es una de las cuestiones abordadas este martes por el investigador del Real Instituto Elcano Álvaro Vicente en el curso de verano ‘La amenaza yihadista para España’, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Álvaro Vicente ha destacado el «fenómeno creciente» que también se refleja en España de la incidencia del yihadismo en los menores.
Como se ha puesto de manifiesto en otra sesiones del curso esto se demuestra en el hecho de que, de los 81 detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo el pasado 2024, 15 eran menores y que de los 74 arrestados ya en los seis primeros meses de este año, lo son siete.
Álvaro Vicente ha señalado que en el período comprendido entre 2014 y 2019 ocho menores fueron condenados en España por delitos de yihadismo, mientras que desde 2020 se han dictado nueve sentencias condenatorias, la mayoría, seis, en el último año y medio, y en la actualidad hay diez menores esperando juicio en la Audiencia Nacional.
El investigador ha explicado que en estas dos etapas se ha experimentado una evolución en la forma de radicalización de estos menores.
De esta forma ha dicho que en la primera etapa se radicalizaban en internet, pero también en entornos de contactos físicos de ámbito familiar, con amigos, en mezquitas o en el vecindario y en general en entornos socioeconómicos precarios.
Ha manifestado que, sin embargo, tras la caída del califato del Estado Islámico en Siria e Irán y sobre todo a raíz de la pandemia se ha detectado que esa radicalización no afecta solo a contextos de vulnerabilidad socioeconómica, sino que también «hay jóvenes de familias con un perfil económico medio-alto, que estudian en institutos privados», que se ven afectados por el fenómeno.
Además ya no se concentran en «bolsas de radicalización», sino que están dispersos por todo el territorio nacional.
Álvaro Vicente ha recalcado que ahora la radicaliación de los menores es viral, a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea en las que consumen «contenido muy violento» con yihadistas suicidas o que mueren combatiendo.
Según se desprende de los casos juzgados en España se ha detectado que estos menores tienen vulnerabilidades psicológicas, se sienten solos o han sufrido acoso escolar y buscan un sentido de pertenencia y un refugio en las redes pues no suelen tener muchas habilidades sociales.
Las sentencias dictadas en el último año y medio reflejan que los menores condenados se dedicaban a una labor muy profesional de difusión de contenidos propagandísticos pero también se implicaban en la preparación de atentados.
Álvaro Vicente ha puesto como ejemplo que uno de ellos difundió en Tik Tok un vídeo en el que aparecía detonando un artefacto explosivo.
Otro había realizado ensayos en su casa con el mismo explosivo que utilizaron los terroristas implicados en los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017, y otros dos realizaron ensayos en un descampado para probar la capacidad destructiva del artefacto que habían elaborado.
El investigador del Real Instituto Elcano ha manifestado que mientras los menores implicados en procesos yihadistas en países europeos tienden tendencia al uso de cuchillos para preparar sus acciones, en España se inclinan por los artefactos explosivos.
Y ha advertido de que el conflicto en Gaza puede ser utilizado por las organizaciones terroristas para captar a menores para la causa yihadista.
Por otra parte, la investigadora principal del Real Instituto Elcano Carola García-Calvo ha destacado que entre 2015 y junio de 2025, de los 224 condenados en España por yihadismo, 29 son mujeres, es decir el 13 por ciento.
Ha indicado que el 62 por ciento de ellas son jóvenes de entre 18 y 29 años, el 40 por ciento solteras, el 85 por ciento nacidas o criadas en España y ninguna tenía antecedentes penales. EFE
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Tarragona, 1 jul (EFE).- Un menor ha muerto este lunes en Valls (Tarragona) en el interior de un coche que estaba estacionado en la calle de un polígono industrial de la localidad y la causa de la muerte podría ser un golpe de calor, según han asegurado a EFE fuentes policiales.
Los bomberos de la Generalitat han recibido el aviso sobre las 15:06 horas y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha tratado de reanimar al niño sin éxito. EFE
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dpj/mg/edr

València, 1 jul (EFE).- La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha condenado a sendas penas de veinte y doce años de prisión, respectivamente, a dos hombres que violaron a una menor de 14 años durante una fiesta celebrada en 2020 en un paraje ubicado a las afueras de un municipio de la comarca de la Vall d’Albaida.
La Sala impone a cada uno de los penados doce años de prisión como autores de un delito de abuso sexual a menor de 16 años y les prohíbe acercarse a menos de 200 metros de la víctima y comunicarse con ella por un periodo de dieciséis años.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a uno de ellos, además, le impone otros ocho años de cárcel por un segundo delito de abuso sexual, cometido tras la fiesta en una vivienda deshabitada del mismo municipio, así como la prohibición de comunicación y aproximación a la víctima durante otros diez años.
Ambos deberán pagar a la joven de forma conjunta y solidaria una indemnización de 50.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los abusos.
Los hechos ocurrieron la noche del 27 de septiembre de 2020, cuando la víctima acudió a la fiesta junto a una amiga y en ella coincidió con los dos individuos condenados y un número indeterminado de personas, la mayoría de ellos, hombres.
Tal y como recoge la sentencia, la menor tomó bebidas alcohólicas que afectaron a sus capacidades físicas y a su voluntad y comenzó a bailar con los ahora penados (ambos de nacionalidad búlgara), quienes eran plenamente conscientes del estado en que se encontraba y de la edad que tenía.
A continuación, bien llevada o bien acompañada por ellos, la víctima se encontró en un lugar conocido como ‘el muro’, que es una zona apartada, aunque no lejana del sitio en el que se celebraba el baile. Allí, los dos condenados la violaron de forma simultánea.
La chica se hallaba en una situación en la que no podía ver, pero sí escuchaba voces y sintió además que otros hombres se intercambiaban con los dos penados o miraban lo que ocurría, aunque no pudiera reconocer a nadie más.
Poco después de estos hechos, cuando la víctima ya estaba llegando a la casa donde iba a pasar la noche, recibió varios mensajes de uno de los condenados en los que éste le proponía hacer un trío.
La menor acudió con ese acusado a una casa deshabitada de la misma localidad donde esperaba otro hombre, que se marchó del lugar después de agredir sexualmente a la niña. Por el contrario, el otro continuó abusando de ella hasta la siete de la mañana, cuando se fueron a sus respectivas casas.
La víctima no sufrió lesiones físicas, pero sí daños morales y denunció los hechos ante la Guardia Civil en compañía de su madre.
El Tribunal ha absuelto a dos de los cuatro acusados, uno de ellos el que participó en los hechos ocurridos en la vivienda deshabitada, que estaba acusado de un delito de abuso sexual, y el otro por un delito de corrupción de menores.
La sentencia no es firme y puede recurrirse en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. EFE
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