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Ceuta, 2 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un hombre a tres años y seis meses de prisión por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras disparar contra una menor de 15 años a la que la bala le rozó la cara.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, los hechos se produjeron sobre las 15:30 horas del 23 de septiembre de 2023 en la zona de Arcos Quebrados cuando el condenado empezó a disparar con un arma de fuego corta de 9 milímetros parabellum de forma indiscriminada contra varios vecinos, entre ellos varios menores.

El joven B.M.A., de 24 años, tras ver a dos niños que estaban asomados en una de las ventanas del entorno, también disparó contra ellos. Una bala atravesó el cristal de la ventana y pasó a escasos centímetros de la mejilla derecha de una menor de 15 años.

El Ministerio Público determinó que la bala, de haber variado su trayectoria mínimamente, habría provocado un resultado "letal" contra la menor.

El condenado estaba en prisión preventiva desde el 28 de septiembre de 2023, después de su arresto por parte de la Policía Nacional y tras la declaración de varios testigos presenciales de los hechos, entre ellos la propia víctima.

El reconocimiento de los hechos, así como una negociación entre la Fiscalía y la defensa, ha permitido rebajar la pena a dos años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, a un año más por tenencia ilícita de armas y al pago de una indemnización de 3.000 euros.

Asimismo, se ha determinado una medida de alejamiento hacia la menor por un periodo de cinco años, en los cuales no podrá acercarse ni a la niña ni al entorno donde reside. EFE

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Madrid, 1 jul (EFE).- Este martes arranca el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.
La huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que en su opinión amenazan la independencia judicial.
Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defiende sin embargo que «ni una sola línea» de la reforma judicial afecta a la independencia de jueces y fiscales y tacha de «infundadas» las críticas de las asociaciones contra estas leyes.
El CGPJ acuerda que la huelga carece de base legal
Ante la convocatoria de huelga, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.
Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, «no procede» tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.
También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal «pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos».
Las asociaciones mantienen la convocatoria y consideran la huelga una medida legítima
A pasar de este pronunciamiento, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de «una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales».
Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que «de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión».
Alegan, además, que tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.
Por otra parte indican que «ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado» el comité de huelga ha establecido unos criterios «para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga».
Las asociaciones convocantes de la huelga son la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha defendido la huelga convocada desde este martes por las cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales contra las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno que suponen, a su juicio, el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos 40 años.
«Los jueces estamos en huelga. Durante los días 1, 2 y 3 de julio, secundamos una huelga para visibilizar nuestra oposición a la aprobación de una ley que supone el retroceso más serio en el Poder Judicial durante los últimos 40 años. Que atenta contra el derecho ciudadano a una Justicia independiente e imparcial. Una Justicia, a fin de cuentas, independiente del poder político», señala Oliva en un comunicado.
La Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) son las convocantes de esta huelga de tres días que se extenderá desde hoy y hasta el jueves a pesar de que el Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.
En el comunicado, el portavoz de la AJFV lamenta los perjuicios que se van a causar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos y recuerda que el Comité de huelga ha establecido unos servicios mínimos para hacer compatible atender actuaciones urgentes con el ejercicio del derecho de huelga.
Sin embargo, opina que cuando pasen los años, «no queremos reprocharnos ni arrepentirnos de no haber hecho lo suficiente».
Protestan contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Consideran que es una ley que pretende el acceso arbitrario a la judicatura, que privilegia a las personas que acceden por el cuarto turno para ocupar la cúpula judicial, que restringe la participación democrática en las salas de gobierno y que politiza la comisión de ética judicial.
Denuncian también que aumentan las competencias del fiscal general del Estado sobre los fiscales «con los perjuicios y riesgos» que eso conlleva para todos los procesos en los que son parte e inicia un proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos «contraviniendo los principios de mérito, capacidad e igualdad» bajo el «falaz» argumento que lo exige Europa.
Lamentan que esta reforma «hiere de muerte al cuerpo de opositores que día tras día, año tras año, sacrifican su vida personal y familiar por conseguir el sueño de ser juez o fiscal».
«Todos queremos una justicia moderna y europea, pero esta ley pretende precisamente lo contrario», destacan. EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- Las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos se han desmarcado de la huelga de tres días que comienza este martes y que consideran «regresiva» porque en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca para desprestigiar a este colectivo.
En un comunicado firmado por la Asociación Plataforma Judicatura Interina (APJI) y las Asociaciones de Abogados Fiscales Sustitutos (AAFS), denuncian que los convocantes de la huelga «únicamente defienden los intereses de los jueces y fiscales titulares sin considerar los derechos ni la situación de las juezas, jueces y fiscales en situación de interinidad y precariedad».
Tachan el paro de tres días de «inédito y regresivo», ya que en lugar de reivindicar derechos para quienes sufren precariedad laboral, se convoca precisamente en contra del colectivo de jueces y juezas sustitutas y fiscales sustitutos, «cuyo único objetivo es lograr la estabilización frente al abuso de la temporalidad», en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Precisamente una de las cuestiones que centran la protesta de las cinco asociaciones conservadoras de jueces y fiscales que han convocado estas tres jornadas de paro es el proceso de estabilización de 1.004 jueces y fiscales sustitutos que contempla la reforma de la ley del Poder Judicial.
Denuncian que este proceso contraviene los principios de mérito, capacidad e igualdad que exige la Constitución y que «hiere de muerte al cuerpo de opositores que día tras día, año tras año, sacrifican su vida personal y familiar por conseguir el sueño de ser juez o fiscal».
Las asociaciones de jueces y fiscales sustitutos lamentan que se está usando la huelga para desprestigiar al colectivo de jueces sustitutos que dicta más del 14 % de las sentencias en España y de fiscales sustitutos que desempeña casi el 20 % de las labores de la Fiscalía de toda España.
También denuncian que supone un «acoso público a quienes demuestran día a día su mérito y capacidad con años de experiencia profesional y jurídica contrastada».
«Pone en duda nuestras competencias por no haber superado una oposición memorística, sin valorar que muchas de esas oposiciones se superan a edades tempranas y sin experiencia previa en el ejercicio del Derecho y no tiene en cuenta que se nos nombra tras acceder por un concurso público de méritos», subrayan.
Explican que están negociando con los grupos parlamentarios, el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que la reforma legal respete la jurisprudencia del TJUE.
Asimismo, rechazan un proceso de estabilización que implique el despido colectivo de los casi mil jueces sustitutos y más de cuatrocientos fiscales sustitutos «que hoy sostienen con profesionalidad una parte esencial de la Justicia en España». EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- El ciudadano sueco Joakim Peter Broberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella (Málaga), la exdiputada y exsenadora del PP Ángeles Muñoz, ha pedido anular su juicio por narcotráfico y blanqueo al considerar que la causa es nula desde su origen por ser una investigación prospectiva «en forma de pesca de pruebas».
El juicio en el que Broberg se enfrenta a una petición de 18 años de prisión se ha reanudado este martes en la Audiencia Nacional con la exposición del informe en el que sus abogados, Sylvia Córdoba y Sergio Nuño Díez de la Lastra, han desgranado los motivos por los que, en su opinión, el tribunal debería decretar la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, la absolución.
La vista oral, que se encuentra ya en su recta final, sienta en el banquillo a 24 acusados: once de ellos han confesado los hechos y han aceptado penas de entre dos y cinco años de cárcel tras un acuerdo con la Fiscalía; los otros trece afrontan peticiones de entre dos y 18 años de cárcel, la más alta para Broberg.
Este ciudadano sueco se declaró la semana pasada «inocente» de todas las acusaciones y este martes su defensa ha cargado contra la causa «más prospectiva» que ha conocido y que considera viciada desde su origen.
Y a esa «génesis» se ha remitido para invocar la nulidad. Según ha explicado, el procedimiento se inició a raíz de una solicitud de la Policía sueca a la española y, simultáneamente, una Orden Europea de Investigación, si bien estos documentos -ha subrayado- no se han aportado al procedimiento.
En su opinión, se creó una «operación paralela» con investigados que hoy no se sientan en el banquillo y con intervenciones telefónicas y coches balizados en Suecia, pero «nada» de ese inicio «se ha aportado», de manera que ni la defensa ni el tribunal «puede comprobar que las cosas se hicieran conforme a la legalidad».
También ha solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas, ha denunciado «falta de objetividad» del principal investigador policial y una «inactividad tremenda» de la Fiscalía, y ha rechazado que haya indicios suficientes de tráfico de drogas o blanqueo de capitales contra su defendido.
Ha cuestionado de la misma forma los datos obtenidos a través del sistema de mensajería encriptada Encrochat, que aportó conversaciones que han nutrido el procedimiento y que, según la defensa, constituyó auténtico «hackeo masivo» en el que, además, no se respetó la cadena de custodia.
Joakim Peter Broberg es hijo del empresario sueco ya fallecido Lars Gunnar Broberg, que fue marido de Ángeles Muñoz y que también fue investigado por ayudar supuestamente a aquel a blanquear beneficios de actividades ilícitas.
La fiscal considera que el hijo ejercía de jefe y se ocupaba de mantener los contactos con los proveedores y los clientes, y sostiene que en 2019, junto a otro acusado, realizaron entregas de marihuana desde España a Francia.
Veinticuatro personas están acusadas -once suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio- por su supuesta relación con una organización dedicada al transporte de droga, principalmente hachís y marihuana entre España y Suecia, abasteciéndose de droga en Marruecos entre 2019 y 2020.EFE
mms/bal

Madrid, 1 jul (EFE).- Un 75 % de los jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los tres días de huelga convocados por las cinco asociaciones conservadoras contra las reformas judiciales del Gobierno, según han informado en rueda de prensa los convocantes.
Protestan contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y que incrementa los riesgos de politización de la Justicia.
El ministerio de Justicia ha anunciado que solicitará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe de los jueces y fiscales que han secundado la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente, después de que el CGPJ acordara por unanimidad que el paro carecía de base legal. EFE
msg-mop/oli

Madrid, 1 jul (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado este martes al Ministerio de Justicia que se remite al acuerdo adoptado la semana pasada, por el que no tuvo conocimiento del anuncio de la huelga de jueces al no tener esta, de momento, «soporte normativo», de modo que no recabará datos de seguimiento de la misma durante estos tres días.
Cinco de las siete asociaciones judiciales y fiscales -todas menos las progresistas- han convocado entre este martes y el jueves tres jornadas de huelga en protesta de los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal. Según datos de los convocantes, un 75 % de los jueces y fiscales la están secundando hoy.
El Gobierno solicitó al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado que les informe a las 14:00 horas del seguimiento de la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente y asegurar el buen uso de los fondos públicos.
Según informa el CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces recibió dos oficios -uno el 23 y otro el 30 de junio- al respecto, y su comisión permanente se reunió el lunes de urgencia y acordó trasladar al Ministerio de Justicia lo que acordó su pleno la semana pasada, el día 26.
Aquel día, los vocales acordaron por unanimidad que «el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos».
Por tanto, según informa el CGPJ, el Consejo no está recabando datos de participación en la huelga convocada por las asociaciones, que el órgano de gobierno de los jueces tiene por no anunciada.
La comisión permanente ha acordado reunirse de manera extraordinaria los tres días de huelga para atender las posibles incidencias que pudieran surgir.
El CGPJ señala que tiene constancia de que el Ministerio de Justicia ha dirigido una comunicación a los secretarios de Gobierno de los órganos judiciales, que dependen de este departamento ministerial, para que soliciten a todos los letrados de la Administración de Justicia «una relación de las actuaciones y señalamientos con celebración prevista en estos días y que se suspendan por inasistencia de los jueces y magistrados». EFE
mms/ram

Madrid, 1 jul (EFE).- La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado este martes su respeto por la huelga de jueces y fiscales, pero ha dejado claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma «modernizadora» de la Justicia.
Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se ha pronunciado así al ser preguntada por esta huelga que, en el primero de los tres días de convocatoria, han seguido tres de cada cuatro juicios y fiscales, según los convocantes.
La ministra ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «fue absolutamente claro, contundente» y «de una forma unánime» al recordar que esa huelga no tiene base legal, de modo que no la dio por comunicada.
Alegría ha vuelto a recordar que esa reforma -que se debate en el Congreso- «tiene importantes virtudes» como las becas consolidadas para quienes quieran opositar, la prueba escrita en las oposiciones, que las pruebas orales puedan grabarse o que los jueces que quieran formar a futuros opositores se inscriban en registro público.
Es a su juicio, una reforma para «mejorar y modernizar la justicia». EFE
rb/oli

Madrid, 1 jul (EFE).- Un 75 % de los jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los tres días de huelga convocados por las cinco asociaciones conservadoras contra las reformas judiciales del Gobierno, según han informado los convocantes en una rueda de prensa.
Protestan contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y que incrementa los riesgos de politización de la justicia.
Los portavoces de las cinco asociaciones convocantes han explicado en rueda de prensa que tres de cada cuatro jueces y fiscales han secundado esta primera jornada de huelga.
«Los datos que tenemos a estas horas es que alrededor de un 75 % de jueces y fiscales han secundado la huelga. Al menos esos son los que nos lo han comunicado» a través de dos cuentas de correo electrónico habilitadas para ello y de la información ofrecida por los jueces decanos, ha indicado la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco.
Así, se han mostrado «muy satisfechos» con el apoyo mostrado y confían en que se repita los dos próximos días. «Creo que es un éxito. Es lamentable tener que hacer huelga, a los jueces nos cuesta mucho», ha señalado del Barco, que ha pedido disculpas a la ciudadanía y a los operadores jurídicos por los perjuicios que hoy se han causado.
No obstante, han señalado que no tienen datos de cuántos juicios se han suspendido por la huelga y, por el momento, tampoco pueden ofrecer cifras por comunidades autónomas.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha asegurado que nunca quisieron llegar a este escenario de huelga y ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya hecho nada por evitarlo, al tiempo que ha destacado el «compromiso ético y de la dignidad de la carrera judicial y fiscal».
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha subrayado el compromiso de la carrera fiscal con la defensa del Estado de derecho y de la independencia del poder judicial y ha reprochado que desde la Fiscalía General del Estado se instara a los fiscales a acudir a todos los señalamientos que se hubieran hecho con anterioridad a los días de huelga.
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada ha calificado de «enorme éxito» el seguimiento de la huelga en un momento en el que «la corrupción asedia al presidente del Gobierno y su entorno familiar y también al partido en el Gobierno».
Han defendido esta convocatoria como una muestra de su compromiso con el «Estado de derecho», que a su juicio es «socavado» por leyes como estas, «dirigidas al control político de la investigación penal».
Las asociaciones judiciales se reunirán este viernes para «ver cuál es el siguiente paso» y han anunciado que ejercerán las acciones oportunas ante la falta de apoyo por parte del Ministerio de Justicia, sin descartar que la huelga se extienda durante más días, si bien es una posibilidad que «de momento» no han contemplado.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe de los jueces y fiscales que han secundado la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente.
No obstante, el CGPJ ha trasladado al Ministerio de Justicia que se remite al acuerdo adoptado la semana pasada, por el que no tuvo por anunciada la huelga de jueces al no tener esta, de momento, «soporte normativo», de modo que no recabará datos de seguimiento durante estos tres días.
Según ha constatado EFE, en la Audiencia Nacional, esta mañana los juicios se han celebrado con normalidad, así como las declaraciones previstas en instrucción, aunque en la Sala de lo Contencioso el seguimiento de la huelga ha sido algo mayor.
En los órganos judiciales madrileños hay normalidad, según fuentes jurídicas. En los juzgados de Plaza de Castilla la actividad parece la habitual de cualquier otra jornada, según ha constatado EFE y han corroborado varios trabajadores. Dos letrados han asegurado a EFE que han resuelto sus citaciones con normalidad, aunque otro han apuntado que no han podido llevarlas a cabo por la huelga. EFE
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Barcelona, 1 jul (EFE).- Los Bomberos han activado a 38 dotaciones, diez de ellas áreas, para luchar contra un incendio que afecta a unas 80 hectáreas, en su mayoría agrícolas, en el municipio de Torrefeta, en la comarca leridana de la Segarra, y que ha obligado a confinar a unos 450 vecinos.
Según han informado los equipos de emergencias de la Generalitat, el incendio ha comenzado hacia las 17.08 horas en una zona agrícola y evoluciona con fuerza, empujado por el viento de las tormentas y el tiempo violento que afecta la zona.
Por este incendio, que ha levantado una gran humareda, Protección Civil de la Generalitat ha ordenado el confinamiento de los municipios de Cabanabona y Vilalta y de algunas masías aisladas, en un territorio que afecta a unas 1.300 hectáreas pero en el que apenas viven unas 450 personas. EFE
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