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Barcelona, 30 jun (EFE).- El grupo siderúrgico Celsa ha descartado de momento buscar un nuevo inversor interesado en comprar el 20 % de la compañía después de que Criteria, el brazo inversor de la Fundación ‘La Caixa’, renunciara a protagonizar esta operación.
El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, ha explicado este lunes en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2024 que, hoy por hoy, creen que no hay alternativas industriales que puedan tomar en consideración.
Criteria anunció hace pocas semanas que renunciaba definitivamente a entrar en el accionariado de Celsa después de haber anunciado que estaba estudiando la posibilidad de hacerse con un paquete de, al menos, el 20 % del capital.
La búsqueda de un inversor español es un compromiso que adoptaron con el Gobierno los nuevos responsables de Celsa tras la salida de la familia Rubiralta (los antiguos propietarios) con el propósito de dar más garantías al plan industrial de la compañía siderúrgica, que arrastra una deuda muy abultada.
Villaseca ha lamentado que la operación con Criteria no haya cuajado y ha señalado que «hubiera sido magnífico».
De momento, la siderúrgica ha suspendido la búsqueda de otro socio inversor, aunque mantiene abierta la puerta a que pueda reactivarse «más adelante».
El presidente de Celsa ha subrayado que el compromiso con el Gobierno «era de medios» y que «no puede haber un compromiso de obtener un comprador». «No hay muchos inversores industriales en España. A todos nos hubiera gustado que funcionara (con Criteria), pero no ha sido posible», ha dicho.
Villaseca ha asegurado que el Gobierno ha estado informado de la decisión tomada.
En paralelo, el grupo está analizando «otras posibilidades» para su mejora financiera y continúa interesado en desinvertir en activos situados fuera de España, como podría ser el caso de sus propiedades en Polonia, que aporta ahora cerca del 25 % del ebitda.
La compañía siderúrgica está en manos en estos momentos de cinco fondos, que suman el 97 % del accionariado, y que, según Villaseca, están comprometidos con la empresa aunque no tienen voluntad de continuación «permanente». EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incluye la prohibición de aumentar el precio en la reventa de entradas más allá de la variación del IPC desde el momento de la compra inicial.
Esta medida es complementaria a la actual prohibición de que las empresas utilicen sistemas de ‘bots’ para una compra masiva de entradas destinada a la reventa, que el Ministerio reconoce que no está funcionando.
Fuentes del Ministerio han explicado que los grandes incentivos económicos que genera la reventa por parte de empresas dificultan la aplicación de esta prohibición de revender entradas que hayan sido compradas a través de programas de compra masiva «para garantizar la accesibilidad de las entradas a todos los individuos».
Con la limitación del precio de reventa por parte de empresas, una parte muy importante de este importe permanecerá disponible para gasto por parte de las familias, en lugar de estar destinado a una actividad improductiva y que no aporta valor añadido, han subrayado las fuentes.
La modificación del artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que prepara el Ministerio busca de esta manera atacar los incentivos económicos que hay actualmente en la reventa para poder acabar con la misma.
Así, la puesta a la venta de entradas en reventa con un precio superior al regulado, convertiría esta actividad en ilícita, con lo que se podrían bloquear las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción y la actividad conllevaría una sanción para el infractor.
Bélgica y Francia ya cuentan con medidas similares que prohíben la “reventa habitual” y la reventa “ocasional” a un precio superior al precio original.
Según las fuentes del Ministerio de Consumo, un informe de la compañía Verified Market Research calcula que la reventa de entradas en Europa alcanzará en 2030 un valor de unos 7.769 millones de euros, partiendo de una estimación de 1.817 millones de euros en 2024.
Dado que España representa habitualmente entre el 10 % y el 15 % del mercado secundario europeo de entradas a eventos, la evolución del valor de este sector en España podría ser de de los 322 millones en 2024 a unos 932,3 millones de euros anuales en 2030. EFE
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Cartagena (Murcia), 1 jul (EFE).- El Gobierno de la Región de Murcia ha anunciado esta tarde que va a crear un comité técnico que valorará el retorno de menores inmigrantes no acompañados a sus países de origen, según ha anunciado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño.
Se trata de una de las peticiones de Vox incluidas en el pacto alcanzado con el PP para aprobar los presupuestos autonómicos para 2025, y tiene lugar el mismo día que el Gobierno murciano revocaba una orden publicada en el Boletín Oficial de la Región para adquirir viviendas para menores no acompañados, tras amenazar el líder de Vox, Santiago Abascal, con romper el citado acuerdo presupuestario.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Regional para detallar las cuentas de su departamento para este año, Ortuño ha explicado que este comité lo integrarán miembros de su consejería, que ostenta las competencias de Acción Exterior, así como de la Consejería de Política Social. También ha subrayado que el Gobierno regional “cumplirá siempre la ley”.
El diputado del grupo parlamentario Mixto (Podemos-Izquierda Unida/Verdes-Alianza Verde), José Luis Álvarez-Castellanos, ha pedido al consejero que explique qué fondos están consignados para el comité técnico que ha anunciado para el retorno de menores inmigrantes “para subrayar en rojo esa partida como la más indigna de los presupuestos”. EFE
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Madrid, 2 jul (EFE).- El gasto en defensa en España se concentra principalmente en las industrias manufactureras de maquinaria y transporte, por lo que un incremento de las contrataciones en dicha partida «conllevaría un aumento del nivel de precios industriales, especialmente en los bienes de equipo».
Así lo ha indicado este miércoles la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, durante su participación en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid titulado «Tendencias Geopolíticas (VI). Geopolítica del Idioma Español. Repensando la Hispanidad».
Según ha detallado en su presentación, la respuesta del índice de precios industriales (IPI) en bienes de equipo a un shock en defensa -aumento de un 0,1 % del PIB en las adjudicaciones de contratos del Ministerio de Defensa- podría ser una desviación de un 1 % en 12 meses, un 1,5 % en dos años y medio, y casi un 2 % en 3 años y medio.
En este sentido, ha querido aclarar que «la naturaleza del gasto en defensa implica un desfase temporal entre la realización de los contratos y su registro en Contabilidad Nacional».
La subgobernadora ha remarcado que la distribución sectorial es un «elemento clave» para entender el mecanismo de transmisión de un aumento del gasto en defensa, y ha explicado que el estímulo fiscal tendría un impacto directo sobre el valor añadido bruto «muy concentrado» en industrias como la fabricación de otro material de transporte (más del 10 %) y la reparación e instalación de maquinaria y equipo (9 %).
Por su parte, el efecto arrastre asociado a dicho estímulo estaría distribuido de manera más uniforme en sectores como la fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones; otras actividades profesionales, científicas y técnicas; y servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos, entre otros.
Respecto al impacto de los aranceles, Núñez ha apuntado que, en un escenario adverso con más aranceles, represalias, mayor incertidumbre y más tensiones financieras, la previsión del PIB para 2025 bajaría en casi cuatro décimas y más de siete en la de 2026. EFE
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Murcia, 2 jul (EFE).- El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha aceptado las disculpas y la rectificación del PP, que ayer revocaba la orden para la compra de viviendas de acogida para menores extranjeros no acompañados, pero ha advertido que «no habrá segundas oportunidades».
La consejera de Política Social de Murcia, Conchita Ruiz, informaba ayer en su cuenta de la red «X» de la revocación de la orden, apenas una hora después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, exigiera su retirada con la amenaza de no apoyar los presupuestos autonómicos que estos días se presentan en el parlamento regional.
Tras aceptar las disculpas del PP, el líder regional de Vox ha afirmado que «esto no tiene que volver a suceder. Si existe una próxima vez no nos valdrá solo con la rectificación, tendrá que ir acompañada de la dimisión del consejero de turno”.
Antelo ha recordado que su formación abandonó el Gobierno regional porque el Partido Popular “aceptó el reparto de inmigrantes ilegales que le impuso Pedro Sánchez”, y ha agregado que la compra de viviendas para menores extranjeros no acompañados publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado sábado es «una línea roja para Vox”.
«Vox no podrá estar en ningún acuerdo presupuestario donde se facilite dinero para la inmigración ilegal”, y ha explicado que «todos los consejeros conocen el contenido del acuerdo presupuestario, que se tiene que cumplir de la A a la Z, sin matices ni excepciones».
Por último, ha dicho que el sentido del voto de su partido en el debate de la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025, “se valorará hasta el último momento si abstenernos o votar a favor”.
No obstante, ha asegurado que “el acuerdo presupuestario se ha reanudado ante la rectificación del Partido Popular y el anuncio de que se pondrán en marcha los convenios pactados para devolver a los menores inmigrantes a sus países de origen”. EFE
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