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Madrid, 1 jul (EFE).- El Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de consumo sostenible, un amplio paquete legislativo que prohíbe la publicidad de los productos más contaminantes como los vuelos cortos, los combustibles fósiles y los vehículos propulsados solo por ellos, y pone veto a la obsolescencia programada.
La nueva norma, que refuerza la protección de los consumidores y del medio ambiente, tal y como ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pone fin a una serie de prácticas como la obsolescencia programada (la vida útil que las empresas dan a un producto para que el usuario se vea obligado a comprar otro modelo) para fomentar la reparación de los bienes.
Pero, además, el texto aprobado en una primera vuelta por el Consejo de Ministros de este martes veta otras prácticas cada vez más denunciadas por los consumidores como la reduflación (menos cantidad de un producto por el mismo precio) o el ‘greenwashing’, que camufla como sostenibles productos que no lo son, y la reventa abusiva de entradas. EFE
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Madrid, 1 jul (EFE).- El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de consumo sostenible, una norma que protege a los consumidores frente a la publicidad ‘contaminante’, fomenta la reparación de los productos frente a la obsolescencia programada, frena los abusos de la reventa de entradas y pone coto a prácticas comerciales que impiden disponer de información veraz al comprar.
El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohíbe la publicidad de los productos más contaminantes como los vuelos cortos, los combustibles fósiles y los vehículos propulsados solo por ellos, y también prácticas como la obsolescencia programada, la reduflación o el ‘greenwashing’.
Estas son las claves del texto legal que entra ahora en fase de audiencia e información pública para ser de nuevo evaluado por el Consejo de Ministros y enviado después al Congreso de los Diputados para su tramitación:
Veto a publicidad ‘contaminante’, y regulada la del miedo
Se prevé prohibir la publicidad de:
– Productos energéticos compuestos solo por derivados de origen fósil (excepto gas), en los que no participan componentes renovables: la limitación se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo.
– Vuelos cortos: no se podrán anunciar si existe una alternativa menos contaminante que no supere las 2,5 horas de duración (solo trayectos peninsulares).
– Coches propulsados únicamente por combustibles fósiles.
Además, las campañas que usen el miedo para inducir a comprar deben incluir estadísticas objetivas. Esta publicidad se utiliza, según el Ministerio, en algunos sectores relacionados con la seguridad y los seguros.
Derecho a reparar: fin a la obsolescencia programada
El consumidor podrá prolongar un año más la garantía si repara en lugar de sustituir, se creará un sistema de cofinanciación para las reparaciones, y los fabricantes deberán asumir parte de su coste hasta cuatro años tras el fin del plazo de la garantía legal: del 20 % durante los dos primeros años; del 10 % en el tercer año, y del 5 % en el cuarto.
Se prevé crear una plataforma ‘online’ gratuita de reparadores solventes a los que poder pedir presupuestos y solicitar reparaciones, obligar también a que los repuestos estén disponibles hasta diez años después de que este deje de fabricarse, e incluir en las web de los productores información orientativa sobre los precios de las reparaciones.
Se prohibirá ocultar actualizaciones de ‘software’ que afecten negativamente al rendimiento del producto y no se podrá vender como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad.
Contra el ‘greenwashing’ o el ‘ecopostureo’
Quedará prohibido que las empresas realicen expresiones medioambientales genéricas que no sean verificables como “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde” o “biodegradable”.
Tampoco se podrán registrar marcas que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental y se podrá anular una marca si su imagen o mensaje llevan a engaño a los consumidores sobre su impacto ambiental.
Reventa, publicidad del miedo y reduflación
La norma prohibirá el aumento del precio de entradas a todo tipo de evento cultural o deportivo en la reventa: se impedirá esta práctica cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial.
Este nuevo límite se suma a la prohibición ya vigente que sanciona el uso de ‘bots’ (un ‘software’ automatizado diseñado para adquirir productos o servicios) para obtener entradas de espectáculos culturales de forma masiva para revenderlas posteriormente.
Está prohibido, pero según el ministro de Consumo, no está funcionando la aplicación, de ahí que se planteé esta modificación legal para actuar de la misma forma que se está haciendo con los pisos turísticos. «Podremos sancionar y podremos bloquear las webs que se dediquen a esto», ha advertido Bustinduy.
Se regulará también la práctica comercial conocida como reduflación, la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad.
Las empresas tendrán que informar si reducen el contenido de un envase sin bajar el precio, y dispondrán de un máximo de 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma visible las nuevas características del producto. EFE
bec/ram

Madrid, 2 jul (EFE).- Hafesa, empresa acusada de un supuesto fraude de más de 154 millones de euros del IVA de hidrocarburos y cuyo presidente y principal acusado, Alejandro Hamlyn, se encuentra en busca y captura, blanqueaba fondos con la compra de inmuebles y coches de lujo, como seis Porsches y un Bentley.
Así lo ha explicado este miércoles uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha declarado como testigo perito en el juicio que se sigue en la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares.
Según el atestado de la UCO, varias de estas sociedades -Vifesa y León Intermediación, entre otras-, no estaban directamente vinculadas a la actividad de Hafesa, pero recibían fondos procedentes de las operadoras que presentan fraudes del IVA.
Algunas de ellas, ha relatado el agente, adquirieron con los fondos recibidos bienes inmuebles, vehículos de alta gama -seis Porsches; tres Mercedes; un Bentley y un Tesla, entre otros- y una embarcación, de los que disfrutaban Hamlyn y otros acusados.
Todo ello, ha señalado el guardia civil a preguntas de la Fiscalía, describe una operativa «aparejada a un delito de blanqueo de capitales».
Hamlyn adquirió notoriedad tras difundirse la grabación de una conversación de varias personas, entre ellas de él y la militante socialista Leire Díez, quien supuestamente le instaba a que le diera información comprometedora sobre mandos de la UCO.
En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados quisieron enriquecerse al evitar, de forma intencionada, el ingreso del IVA generado en la comercialización de hidrocarburos durante los ejercicios 2016 a 2019, cuotas que suman 154,7 millones de euros, por lo que le atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, contra Hacienda y blanqueo.
Entre los acusados, quince personas físicas y una veintena de sociedades, figura el que fuera director general de la mercantil, José Norberto Uzal, para el que la Fiscalía pide, al igual que para Hamlyn, penas que superan los 50 años de cárcel y multas millonarias. EFE
eyp/may

Madrid, 2 jul (EFE).- La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) perdió 501 millones de euros en 2024 y dejó así atrás tres años de beneficios por el impacto de los planes estratégicos de Correos y otras de sus participadas, si bien cerró el año con un nuevo récord de facturación.
Según ha detallado el hólding público este miércoles en un comunicado, si no se hubieran contabilizado las partidas extraordinarias derivadas de los planes estratégicos desplegados por varias de las empresas de las que es accionista, SEPI habría ganado 76 millones durante el año pasado.
«Tras tres años consecutivos de beneficios, las partidas extraordinarias, entre otras cuestiones, soportan el apoyo al Plan Estratégico de Correos y la provisión que lleva aparejada, lo que permitirá a esta compañía hacer frente a la necesaria reconversión y diversificación del negocio, garantizando su viabilidad a futuro», explica SEPI.
Esta entrada en números rojos tras tres ejercicios con ganancias netas ocurre pese a que su facturación superó en 2024 en un 7,5 % el récord de 2023 y alcanzó los 6.355 millones. De esa cifra, el 33 % corresponde a Correos, el 32 % a Tragsa y el 24 % a Navantia.
El resultado final consolidado también se ha visto impactado por los resultados de Navantia, así como por el «respaldo» a las decisiones estratégicas que otras participadas como Enagás, Redeia y Telefónica adoptaron en el pasado ejercicio en relación con la rotación de activos.
En el contexto actual de apuesta por la autonomía estratégica, SEPI asegura que su prioridad ha sido «respaldar y afrontar el esfuerzo inversor» de sus participadas para contribuir al fortalecimiento de las capacidades industriales en los sectores estratégicos donde operan, como energía, defensa y telecomunicaciones.
Igualmente, el hólding público asegura haber apostado por el refuerzo de Correos como instrumento del Estado para la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía. La empresa estatal tuvo 94 millones en pérdidas ordinarias en 2024, una partida que no incluye la provisión de 428 millones para hacer frente al plan de rejuvenecimiento de su plantilla.
Precisamente este mismo miércoles, los sindicatos CCOO y UGT han reclamado de nuevo a Correos que active ese nuevo marco laboral pactado con la dirección de la empresa postal y con SEPI hace ahora un año y que incluye salidas voluntarias, mejoras salariales o un nuevo sistema de clasificación profesional, entre otras cuestiones.
Correos arrastra un agujero contable de 1.200 millones, lo que motivó que SEPI, la empresa y los sindicatos firmaran en julio de 2024 un acuerdo marco en el que se establecieron las líneas estratégicas para la recuperación, reposicionamiento y transformación de la empresa pública.
El acuerdo incluyó una inyección cercana a los 3.900 millones para la entidad postal y la financiación anual del Estado, según el nuevo plan, se duplica hasta alcanzar casi los 250 millones anuales.
Aumentan las inversiones y la plantilla
SEPI invirtió durante el año pasado un total de 324 millones, un 9 % más que un antes, sobre todo en Navantia (143 millones) y Correos (85 millones).
En cuanto al empleo, a cierre del ejercicio el hólding empleaba a más de 87.100 trabajadores, lo que supone un aumento del 2 % en relación con el año anterior. De todos ellos, 51.381 eran empleados de Correos, 26.067 de Tragsa y 5.636 de Navantia.
Con las cuentas aprobadas este miércoles, SEPI deja atrás tres años en territorio positivo (2021-2023), tras siete ejercicios consecutivos de pérdidas.
En pleno año de la irrupción de la pandemia, SEPI llegó a perder 438 millones a causa, principalmente, de la crisis económica consecuencia de la Covid 19. Un año antes, en 2019, las pérdidas ya fueron de 237 millones.
Sin embargo, en 2021 logró cerrar con una ganancia neta de 159 millones -la primera en ocho años-, que un año más tarde, en 2022, mermaron un 73 % para quedar en 43 millones. En 2023 se ha registrado otro descenso del 77 % que reduce el beneficio neto a 10 millones. EFE
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