Categoría: Actualidad

Barcelona, 2 jul (EFE).- Un juez de Valls (Tarragona) ha abierto una investigación por el niño de dos años que murió ayer en la población, después de que su padre lo olvidara en un coche en plena ola de calor, y está a la espera de recibir el atestado policial sobre el suceso.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez de guardia de Valls ha abierto diligencias a raíz de la muerte del menor, una investigación en la que resultarán claves la autopsia y el informe policial sobre los hechos, que está previsto que los Mossos entreguen en los próximos días.
El menor falleció tras permanecer casi cuatro horas encerrado en el interior de un coche en el polígono industrial de esta localidad, después de que su padre se fuera a trabajar sin darse cuenta de que el pequeño estaba en el vehículo.
El padre, que conducía el coche, lo dejó aparcado en la calle Manyans, en la zona industrial de Valls, tras olvidar que el pequeño iba en la parte trasera del automóvil.
La causa de la muerte podría ser un golpe de calor, han asegurado a EFE fuentes policiales, aunque no se podrá determinar con exactitud hasta que se le practique la autopsia.
Los Mossos d’Esquadra no pudieron tomar declaración ayer al padre, que se encontraba en estado de shock y requirió ayuda psicológica, por lo que están pendiente de interrogarlo para completar el atestado.
La muerte del menor ocurrió en medio de una intensa ola de calor y después de un mes de junio que ha sido el más cálido de la historia de Cataluña. En Valls, la temperatura alcanzó ayer tarde los 36 grados. EFE
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Vigo, 2 jul (EFE).- La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra ha emitido un auto en el que determina que la muerte en acto de servicio del bombero Sergio Sanlés en 2024 «no parece» que pueda ser considerada homicidio imprudente atribuible a los dueños del edificio en el que actuaba, aunque desliza la posibilidad de que pueda ser imputable a los responsables superiores del fallecido.
La resolución, a la que ha tenido acceso EFE, aboga, en todo caso, por «esperar» la valoración judicial de los informes de Inspección de Trabajo y del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga).
Sanlés, de 49 años, perdió la vida el 25 de mayo de 2024 en el derrumbe de un inmueble en mal estado en el que los bomberos de Vigo estaban interviniendo por los problemas que tenía en la cubierta.
Era una intervención rutinaria, habían comprobado un derrumbe en el tejado, del que informaban a Urbanismo, mientras balizaban la zona. En ese momento, según relató entonces el jefe del servicio de bomberos, Guillermo Domínguez, a los medios de comunicación, «se vino abajo la primera planta» del número 127 de la Avenida de Beiramar, que sorprendió a la víctima.
El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo acordó el pasado 1 de octubre desestimaba abrir las diligencias de investigación que solicitaba la mujer de Sanlés, así como, posteriormente, no han sido admitidos a trámite ni el recurso de reforma ni el de apelación que presentaron los abogados de la viuda.
La mujer señalaba que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de homicidio imprudente por no observar la propiedad del edificio colapsado sus deberes de conservación y seguridad.
Sin embargo, la jueza de primera instancia señaló que la responsabilidad de la propiedad sería, en todo caso, de tipo civil y no penal, y la Audiencia de Pontevedra estima también que en este momento de la instrucción, «y a falta de lo que se derive» de los informes de Inspección de Trabajo y del Issga, «no parece que pueda hablarse de la comisión de un homicidio imprudente» por parte de los dueños del inmueble.
Aunque la Sala admite que el propietario «podría haber descuidado sus deberes de conservación del edificio, poniendo en peligro la seguridad de las personas que se acercasen al mismo o paseasen por sus inmediaciones, entiende que en este caso «no se trata de un simple transeúnte alcanzado por el derrumbe de un edificio en un estado ruinoso o semiruinoso», sino de un bombero.
Abunda que este «administraba por orden de su superior la gestión del riesgo derivado de los posibles desprendimientos o colapso de la construcción».
El auto de la Audiencia de Pontevedra recoge que lo que «se trata de determinar» es si el cometido laboral de la cuadrilla «se ordenó vulnerando de forma penalmente relevante los derechos de los bomberos que fueron enviados a realizar las labores de inspección y balizamiento del edificio».
Es decir, «si a consecuencia de dicho riesgo jurídicamente desaprobado el bombero accidentado falleció», en cuyo caso podría considerarse «un homicidio imprudente imputable precisamente a los responsables superiores de la actuación laboral» de Sanlés. EFE
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