Aranjuez (Madrid), 1 jul (EFE).- La mayoría de los menores condenados en España en el último año y medio por delitos relacionados con el yihadismo no solo consumían y divulgaban en redes contenidos terroristas, sino que además manifestaron su deseo de cometer atentados y en algunos casos ya habían fabricado y probado artefactos explosivos.
Esta es una de las cuestiones abordadas este martes por el investigador del Real Instituto Elcano Álvaro Vicente en el curso de verano ‘La amenaza yihadista para España’, organizado por la Universidad Rey Juan Carlos y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Álvaro Vicente ha destacado el «fenómeno creciente» que también se refleja en España de la incidencia del yihadismo en los menores.
Como se ha puesto de manifiesto en otra sesiones del curso esto se demuestra en el hecho de que, de los 81 detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo el pasado 2024, 15 eran menores y que de los 74 arrestados ya en los seis primeros meses de este año, lo son siete.
Álvaro Vicente ha señalado que en el período comprendido entre 2014 y 2019 ocho menores fueron condenados en España por delitos de yihadismo, mientras que desde 2020 se han dictado nueve sentencias condenatorias, la mayoría, seis, en el último año y medio, y en la actualidad hay diez menores esperando juicio en la Audiencia Nacional.
El investigador ha explicado que en estas dos etapas se ha experimentado una evolución en la forma de radicalización de estos menores.
De esta forma ha dicho que en la primera etapa se radicalizaban en internet, pero también en entornos de contactos físicos de ámbito familiar, con amigos, en mezquitas o en el vecindario y en general en entornos socioeconómicos precarios.
Ha manifestado que, sin embargo, tras la caída del califato del Estado Islámico en Siria e Irán y sobre todo a raíz de la pandemia se ha detectado que esa radicalización no afecta solo a contextos de vulnerabilidad socioeconómica, sino que también «hay jóvenes de familias con un perfil económico medio-alto, que estudian en institutos privados», que se ven afectados por el fenómeno.
Además ya no se concentran en «bolsas de radicalización», sino que están dispersos por todo el territorio nacional.
Álvaro Vicente ha recalcado que ahora la radicaliación de los menores es viral, a través de redes sociales y plataformas de mensajería instantánea en las que consumen «contenido muy violento» con yihadistas suicidas o que mueren combatiendo.
Según se desprende de los casos juzgados en España se ha detectado que estos menores tienen vulnerabilidades psicológicas, se sienten solos o han sufrido acoso escolar y buscan un sentido de pertenencia y un refugio en las redes pues no suelen tener muchas habilidades sociales.
Las sentencias dictadas en el último año y medio reflejan que los menores condenados se dedicaban a una labor muy profesional de difusión de contenidos propagandísticos pero también se implicaban en la preparación de atentados.
Álvaro Vicente ha puesto como ejemplo que uno de ellos difundió en Tik Tok un vídeo en el que aparecía detonando un artefacto explosivo.
Otro había realizado ensayos en su casa con el mismo explosivo que utilizaron los terroristas implicados en los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017, y otros dos realizaron ensayos en un descampado para probar la capacidad destructiva del artefacto que habían elaborado.
El investigador del Real Instituto Elcano ha manifestado que mientras los menores implicados en procesos yihadistas en países europeos tienden tendencia al uso de cuchillos para preparar sus acciones, en España se inclinan por los artefactos explosivos.
Y ha advertido de que el conflicto en Gaza puede ser utilizado por las organizaciones terroristas para captar a menores para la causa yihadista.
Por otra parte, la investigadora principal del Real Instituto Elcano Carola García-Calvo ha destacado que entre 2015 y junio de 2025, de los 224 condenados en España por yihadismo, 29 son mujeres, es decir el 13 por ciento.
Ha indicado que el 62 por ciento de ellas son jóvenes de entre 18 y 29 años, el 40 por ciento solteras, el 85 por ciento nacidas o criadas en España y ninguna tenía antecedentes penales. EFE
cng/ram
Categoría: Actualidad
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Aumentan en España los menores que pasan de la propaganda yihadista a querer atentar
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El Govern catalán lamenta que se «criminalice la diversidad lingüística» en Alicante
Barcelona, 1 jul (EFE).- La consellera y portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, se ha mostrado este martes «sorprendida de que en algunos ámbitos no se quiera atender la riqueza que significa el uso y promoción de más de una lengua» y ha censurado a quienes buscan «criminalizar la diversidad lingüística».
Así se ha pronunciado Paneque, en la habitual rueda de prensa semanal, después de que, el pasado día 26, la mayoría que suman PP y Vox en el ayuntamiento de Alicante aprobara una declaración institucional dirigida a Les Corts Valencianes para que la ciudad deje de ser una zona de predominio lingüístico valenciano y pase a ser incluida como castellanohablante.
«No lo entendemos y no lo compartimos. Desde el Govern seguimos comprometidos con la promoción y atención de la lengua catalana», ha añadido.
Paneque ha insistido en que es «una riqueza» hablar más de un idioma. EFE
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Argüeso generó una emergencia en el 112 tras ser avisado del desbordamiento en Picanya
València, 1 jul (EFE).– El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso generó un caso en la sala de atención de llamadas del Centro de Coordinación de Emergencias del 112 tras ser advertido, sobre las 19:30 horas del 29 de octubre, el día de la dana, del desbordamiento del barranco del Poyo a su paso por Picanya.
Esta información ha sido facilitada a la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana por un supervisor del servicio 112 que ha testificado este martes, según han informado fuentes judiciales conocedoras de su declaración.
Este trabajador ha indicado que ese día se había activado desde primera hora una operativa extraordinaria ante el episodio de lluvias intensas, y que al incorporarse a su turno de tarde, a las 15.00 horas, ya se vivía una situación complicada en varias comarcas, como Requena-Utiel, la Ribera Alta y la Hoya de Buñol.
Ha detallado que, hacia las 19:30 horas, Argüeso -uno de los dos investigados en esta causa junto a la exconsellera Salomé Pradas- accedió a la sala tras recibir una llamada personal que informaba de la situación en Picanya y de que varios policías locales habían quedado atrapados por la crecida.
La información facilitada por Argüeso dio lugar a la apertura de un caso, una situación de emergencia, de la que se informó a los diferentes servicios.
Durante su comparecencia como testigo, el supervisor ha explicado que la acumulación de llamadas estaba relacionada con las cuencas hidrográficas, si bien esa circunstancia solo se comprendió con claridad días después.
En ese momento, la sensación era de un “diluvio universal”, ha manifestado.
El testigo ha apuntado que se registraron incidencias técnicas en las comunicaciones, problemas con la locución automática y dificultades para contactar con la Guardia Civil, lo que obligó a acordar con este cuerpo que no devolviera los casos y los gestionara directamente.
También ha informado de que algunas llamadas no entraban y a los usuarios les aparecía un aviso de número inexistente. Según ha indicado, lo dejó reflejado en el informe de la tarde.
El trabajador ha comentado que dos compañeras del servicio de atención telefónica del 112 no pudieron acudir por quedar atrapadas por las lluvias, y que la sala en la que se encontraba está ubicada en un edificio distinto al del Cecopi.
Ha añadido que no mantuvo contacto personal con otros miembros del centro de mando, salvo con Argüeso, y ha propuesto a la jueza y a las partes personadas en el proceso una visita al centro de recepción de llamadas para conocer su funcionamiento. EFE
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El Consejo de Ministros aprueba las ayudas generales al cine por 55 millones de euros
Madrid, 1 jul (EFE).- El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2025, por un importe de 55 millones de euros.
Se trata de una línea de ayudas anticipadas a empresas productoras para la financiación del coste de la producción de proyectos de largometraje mediante la aplicación de «criterios objetivos» entre los que se incluyen la viabilidad económica o el impacto socioeconómico de la inversión en España.
El objetivo específico de esta línea de ayudas, que se convocará en dos fases, es «mejorar el tejido industrial» de las empresas cinematográficas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.
Con el fin de fomentar la igualdad, un 35 % del presupuesto se destinará a proyectos realizados exclusivamente por directoras y un mínimo del 10 % a proyectos de animación.
Además, como novedad este año, se incluye un punto por presencia de personas trans en el proyecto, para lo que deberá aportarse una «resolución de rectificación de la mención registral del sexo», indica el ministerio en un comunicado.
Esta línea se complementa con la de ayudas selectivas, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de mayo pasado por un importe de 37 millones de euros y está destinada al cine independiente, nuevos directores y proyectos de carácter experimental.
El reparto de las ayudas este año se ha modificado respecto al año pasado debido a un tope impuesto por la normativa europea, según fuentes ministeriales. Las ayudas generales reciben siete millones de euros menos que han ido a parar a las selectivas, pero el monto global es el mismo.
Entre los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas generales, el proyecto deberá incluir medidas de accesibilidad universal, como el subtitulado especial y la audiodescripción, así como acciones en materia medioambiental y de sostenibilidad y/o un sistema de medición del impacto ambiental y huella de carbono. EFE
mt/oli -
Claves de la ley de consumo sostenible: de la publicidad ‘contaminante’ a la reparabilidad
Madrid, 1 jul (EFE).- El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de consumo sostenible, una norma que protege a los consumidores frente a la publicidad ‘contaminante’, fomenta la reparación de los productos frente a la obsolescencia programada, frena los abusos de la reventa de entradas y pone coto a prácticas comerciales que impiden disponer de información veraz al comprar.
El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohíbe la publicidad de los productos más contaminantes como los vuelos cortos, los combustibles fósiles y los vehículos propulsados solo por ellos, y también prácticas como la obsolescencia programada, la reduflación o el ‘greenwashing’.
Estas son las claves del texto legal que entra ahora en fase de audiencia e información pública para ser de nuevo evaluado por el Consejo de Ministros y enviado después al Congreso de los Diputados para su tramitación:
Veto a publicidad ‘contaminante’, y regulada la del miedo
Se prevé prohibir la publicidad de:
– Productos energéticos compuestos solo por derivados de origen fósil (excepto gas), en los que no participan componentes renovables: la limitación se aplicará cuando los anuncios sean emitidos por empresas del sector del carbón o del petróleo.
– Vuelos cortos: no se podrán anunciar si existe una alternativa menos contaminante que no supere las 2,5 horas de duración (solo trayectos peninsulares).
– Coches propulsados únicamente por combustibles fósiles.
Además, las campañas que usen el miedo para inducir a comprar deben incluir estadísticas objetivas. Esta publicidad se utiliza, según el Ministerio, en algunos sectores relacionados con la seguridad y los seguros.
Derecho a reparar: fin a la obsolescencia programada
El consumidor podrá prolongar un año más la garantía si repara en lugar de sustituir, se creará un sistema de cofinanciación para las reparaciones, y los fabricantes deberán asumir parte de su coste hasta cuatro años tras el fin del plazo de la garantía legal: del 20 % durante los dos primeros años; del 10 % en el tercer año, y del 5 % en el cuarto.
Se prevé crear una plataforma ‘online’ gratuita de reparadores solventes a los que poder pedir presupuestos y solicitar reparaciones, obligar también a que los repuestos estén disponibles hasta diez años después de que este deje de fabricarse, e incluir en las web de los productores información orientativa sobre los precios de las reparaciones.
Se prohibirá ocultar actualizaciones de ‘software’ que afecten negativamente al rendimiento del producto y no se podrá vender como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad.
Contra el ‘greenwashing’ o el ‘ecopostureo’
Quedará prohibido que las empresas realicen expresiones medioambientales genéricas que no sean verificables como “respetuoso con el medio ambiente”, “amigo del medio ambiente”, “verde” o “biodegradable”.
Tampoco se podrán registrar marcas que induzcan a error sobre su desempeño medioambiental y se podrá anular una marca si su imagen o mensaje llevan a engaño a los consumidores sobre su impacto ambiental.
Reventa, publicidad del miedo y reduflación
La norma prohibirá el aumento del precio de entradas a todo tipo de evento cultural o deportivo en la reventa: se impedirá esta práctica cuando se aplique un aumento de precio superior al IPC desde el momento de la compra inicial.
Este nuevo límite se suma a la prohibición ya vigente que sanciona el uso de ‘bots’ (un ‘software’ automatizado diseñado para adquirir productos o servicios) para obtener entradas de espectáculos culturales de forma masiva para revenderlas posteriormente.
Está prohibido, pero según el ministro de Consumo, no está funcionando la aplicación, de ahí que se planteé esta modificación legal para actuar de la misma forma que se está haciendo con los pisos turísticos. «Podremos sancionar y podremos bloquear las webs que se dediquen a esto», ha advertido Bustinduy.
Se regulará también la práctica comercial conocida como reduflación, la reducción de la cantidad de contenido vendido sin avisar previamente cuando redunde en un incremento del precio por unidad.
Las empresas tendrán que informar si reducen el contenido de un envase sin bajar el precio, y dispondrán de un máximo de 90 días desde la primera comercialización para indicar de forma visible las nuevas características del producto. EFE
bec/ram -
La dignidad y libertad colectiva de la ‘Numancia’ de Cervantes abre el festival de Mérida
Mérida, 1 jul (EFE).- La primera gran tragedia sobre el honor colectivo español, la que elaboró con métrica y lírica Miguel de Cervantes, abre este viernes el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuyo teatro romano será ‘Numancia’ y sus caveas, alegorías al hambre, la guerra y, sobre todo, la dignidad humana.
Frente al ‘yo’ del general romano Escipión, el ‘juntos’ de las numantinas y numantinos; ante el monólogo del que busca obtener la gloria personal, la libertad de decidir de todo un pueblo, y frente a la corriente de una dramaturgia trágica en torno a dioses y héroes, la historia de un pueblo.
La ‘batalla’ de valores y cercos a la libertad que describe Cervantes en ‘Numancia’ elevará este viernes el telón del festival emeritense bajo la dirección y adaptación de José Luis Alonso de Santos, cuyos 83 años de edad han girado, como esta obra, sobre los ejes -ha afirmado- del honor, la emoción, la historia, la lengua, la libertad y España.
Con Arturo Querejeta, Pepa Pedroche, Javier Lara y Jacobo Diecenta liderando un elenco de veinte actores y actrices, esta ‘Numancia’ es también una oda a España y a la lengua española, «que es la Cervantes, el genio más importante de la historia de la humanidad», ha dicho el director.
Producida por la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal, con el apoyo del Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro-Clásicos en Alcalá-donde se estrenó hace 15 días- y la colaboración del Ayuntamiento de Madrid-Centro Cultural Eduardo Úrculo, la obra ha sido presentada este lunes en rueda de prensa.
A la misma han asistido también el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, y su homóloga extremeña, Victoria Bazaga; el director de los Teatros del Canal, Ruperto Merino; el director del festival de Mérida, Jesús Cimarro; el actor Arturo Querejeta y la actriz Pepa Pedroche.
«Antes del Quijote fue ‘Numancia’, la construcción lingüística y sonora del español», ha dicho Alonso de Santos, quien ha reiterado la importancia de la palabra ‘juntos’ ante los problemas de la sociedad, una necesidad que Cervantes plasmó en 1585 con «una modernidad tremenda».
Querejeta, que no ha dudado en hablar de la «complejidad, que manda narices» de las octavas reales utilizadas por Cervantes para escribir la obra, pero en las que ha reconocido estar «a gusto con ellas», ha expuesto la emocionalidad que plasmó el alcalaíno a través de sus versos.
«¿Seríamos capaces de sacrificar nuestras vidas por la libertad?», ha preguntado el actor riojano para recordar lo que decidieron hacer los ciudadanos de Numancia antes que caer en manos de Roma.
Una decisión en la que, tal como escribe Cervantes en el siglo XVI, «también participaron activamente las mujeres», ha apuntado Pedroche.
A través de esta obra, un claro ejemplo en cómo convertir la emoción en arte teatral, el público asistirá a la lucha colectiva de todo un pueblo por la libertad, la dignidad y los valores envuelta en emoción
Preguntado si el español está en peligro ante el uso cada vez más frecuente de anglicismos y con el sello ‘en inglés’ para muchos foros internacionales, Alonso de Santos, ha negado la mayor. «Lo que sí está en peligro es el orgullo de hablar español».
Tanto Mariano de Paco Serrano como Bazaga han resaltado la importancia de la colaboración institucional entre administraciones, donde la cultura «vaya y venga». En opinión de ambos, la sinergia creada permite incrementar el valor de los festivales.
Frente al muro de Numancia, la cultura, la cual nunca debe ser una guerra y sí una apertura al pensamiento crítico, han manifestado. EFE
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Asociaciones de jueces y fiscales cifran en un 75% el seguimiento del primer día de huelga
Madrid, 1 jul (EFE).- Un 75 % de los jueces y fiscales han secundado este martes el primero de los tres días de huelga convocados por las cinco asociaciones conservadoras contra las reformas judiciales del Gobierno, según han informado los convocantes en una rueda de prensa.
Protestan contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que «comprometen gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal» y que incrementa los riesgos de politización de la justicia.
Los portavoces de las cinco asociaciones convocantes han explicado en rueda de prensa que tres de cada cuatro jueces y fiscales han secundado esta primera jornada de huelga.
«Los datos que tenemos a estas horas es que alrededor de un 75 % de jueces y fiscales han secundado la huelga. Al menos esos son los que nos lo han comunicado» a través de dos cuentas de correo electrónico habilitadas para ello y de la información ofrecida por los jueces decanos, ha indicado la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco.
Así, se han mostrado «muy satisfechos» con el apoyo mostrado y confían en que se repita los dos próximos días. «Creo que es un éxito. Es lamentable tener que hacer huelga, a los jueces nos cuesta mucho», ha señalado del Barco, que ha pedido disculpas a la ciudadanía y a los operadores jurídicos por los perjuicios que hoy se han causado.
No obstante, han señalado que no tienen datos de cuántos juicios se han suspendido por la huelga y, por el momento, tampoco pueden ofrecer cifras por comunidades autónomas.
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha asegurado que nunca quisieron llegar a este escenario de huelga y ha lamentado que el Ministerio de Justicia no haya hecho nada por evitarlo, al tiempo que ha destacado el «compromiso ético y de la dignidad de la carrera judicial y fiscal».
La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, ha subrayado el compromiso de la carrera fiscal con la defensa del Estado de derecho y de la independencia del poder judicial y ha reprochado que desde la Fiscalía General del Estado se instara a los fiscales a acudir a todos los señalamientos que se hubieran hecho con anterioridad a los días de huelga.
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada ha calificado de «enorme éxito» el seguimiento de la huelga en un momento en el que «la corrupción asedia al presidente del Gobierno y su entorno familiar y también al partido en el Gobierno».
Han defendido esta convocatoria como una muestra de su compromiso con el «Estado de derecho», que a su juicio es «socavado» por leyes como estas, «dirigidas al control político de la investigación penal».
Las asociaciones judiciales se reunirán este viernes para «ver cuál es el siguiente paso» y han anunciado que ejercerán las acciones oportunas ante la falta de apoyo por parte del Ministerio de Justicia, sin descartar que la huelga se extienda durante más días, si bien es una posibilidad que «de momento» no han contemplado.
El Ministerio de Justicia ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado que les informe de los jueces y fiscales que han secundado la huelga a fin de detraerles el salario correspondiente.
No obstante, el CGPJ ha trasladado al Ministerio de Justicia que se remite al acuerdo adoptado la semana pasada, por el que no tuvo por anunciada la huelga de jueces al no tener esta, de momento, «soporte normativo», de modo que no recabará datos de seguimiento durante estos tres días.
Según ha constatado EFE, en la Audiencia Nacional, esta mañana los juicios se han celebrado con normalidad, así como las declaraciones previstas en instrucción, aunque en la Sala de lo Contencioso el seguimiento de la huelga ha sido algo mayor.
En los órganos judiciales madrileños hay normalidad, según fuentes jurídicas. En los juzgados de Plaza de Castilla la actividad parece la habitual de cualquier otra jornada, según ha constatado EFE y han corroborado varios trabajadores. Dos letrados han asegurado a EFE que han resuelto sus citaciones con normalidad, aunque otro han apuntado que no han podido llevarlas a cabo por la huelga. EFE
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Comunidad Palestina Cataluña denuncia a buque que podría llevar material militar a Israel
Barcelona, 1 jul (EFE).- La Comunidad Palestina de Cataluña ha presentado este martes ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el buque ZIM Luanda, que podría llevar material militar para Israel, y el grupo siderúrgico vasco Sidenor por un posible delito de contrabando.
Concretamente, la querella, que la Comunidad Palestina de Cataluña ha facilitado a los medios, se dirige contra Sidenor por la «posible comisión de un delito de contrabando», por lo que exige «diligencias urgentes» como el registro del contenedor que alberga el material y su decomiso.
Según la organización Prou Complicitat Amb Israel, el buque ZIM Luanda amarró en Barcelona ayer lunes para cargar 40 bloques de barras de acero originarios de Sidenor, con los que partiría hoy hacia el Puerto de Haifa, en Israel, con el fin de «abastecer» a la compañía armamentística Israel Military Industries (IMI).
La querella, que concreta que la salida del barco está prevista para este mediodía, también considera que «podría haber un delito de genocidio y de crímenes de lesa humanidad».
Por todo ello, se exige que la naviera ZIM y las autoridades portuarias informen del remitente, del destinatario y del contenido de la carga, así como de los envíos entre Sidenor e IMI desde el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás y la respuesta militar de Israel.
La querella se suma a la que la Comunidad Palestina de Cataluña presentó ante el Juzgado número 29 de Barcelona contra Sidenor para aclarar si el ZIM Luanda está «implicado» en un posible delito de contrabando por transportar un material sin la «correspondiente autorización administrativa» o si, por contra, ha obtenido el permiso del Gobierno «para comerciar con material militar con destino Israel».
Esto último «supondría el incumplimiento de numerosos convenios suscritos por el Estado español relativos al comercio de armas», según la entidad. EFE
1012214
esr/mg/ram -
Comuns rechaza una moción de censura del PP y Vox e insta a JxCat a no apoyarla
Barcelona, 1 jul (EFE).- El portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha rechazado este martes una hipotética moción de censura del PP y Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha instado a JxCat a «no hacer cálculos» para apoyarla.
Así lo ha reclamado en rueda de prensa en el Parlament, después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al portavoz de su partido en el Congreso, Miguel Tellado, que llame a los grupos parlamentarios para comprobar si su apoyo al PSOE sigue intacto, y JxCat les haya emplazado a reunirse con su presidente, Carles Puigdemont, en Waterloo.
Cid, que ha avisado al PP de que «no cuenten» con Comuns para una moción de censura, ha calificado la respuesta de JxCat de «una especie de jugada maestra» con la que «decir que no al PP sin decir que no», dado que, en su opinión, los de JxCat saben que «si Tellado o Feijóo van a Waterloo», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «les cortará la cabeza más rápido de lo que se la cortó» al exlíder popular Pablo Casado.
Por ello, ha vaticinado que el encuentro «no tiene viso de llegar a ninguna parte».
«Lo que me gustaría es que JxCat no hiciera cálculos y entendiera que esto para Cataluña no tiene ningún tipo de sentido. Todo el mundo sabe que Feijóo no irá a ver a Puigdemont a Waterloo», ha aseverado.
Además, ha tildado de «broma de mal gusto» la designación como negociador de Tellado -a quien ha definido como»mamporrero del PP»- por haber sido «uno de los personajes más duros contra Cataluña» y haber «avalado la operación Cataluña».
«JxCat sabe perfectamente que de la mano del PP y de Vox no se llega a ninguna parte, al revés; no tendremos ni ley de amnistía, ni catalán en Europa ni nuevo acuerdo de financiación. Solo hace falta ver lo que está pasando en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares», ha argumentado el portavoz de los Comuns. EFE
1012214
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La profesión de guionista sigue siendo en su mayoría de hombres
Madrid, 1 jul (EFE).- El colectivo de guionistas sigue exhibiendo una acusada brecha de género -un 67,1 % de hombres frente a un 32,1 % de mujeres-, y el único ámbito de trabajo que se acerca a la paridad es la de las series, con un 41 %.
Estas son algunas de las conclusiones del estudio presentado este martes por el sindicato de guionistas ALMA, DAMA (entidad gestión de Derechos de Medios Audiovisuales), el Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales (FAGA) y la Fundación SGAE.
El estudio ‘La profesión de guionista en España’, elaborado por el Instituto Universitario del Cine Español de la Universidad Carlos III de Madrid y dirigido por la profesora y expresidenta de RTVE Concepción Cascajosa, analiza la situación socio laboral de la profesión de guionista de cine, series, programas y documentales en España.
Más de 500 guionistas han participado en la encuesta en la que se basa el estudio que se centra en aspectos como las características demográficas del sector, su formación y experiencia, el acceso a la profesión, las condiciones de carrera y los principales obstáculos y conflictos con los que se encuentran en el desempeño de su trabajo.
Las conclusiones más destacadas se centran en esa brecha de género, pero también en el desequilibrio territorial de la profesión: un 54,7 % de los guionistas residen en Madrid y un 19% en Barcelona.
También, en la retribución: seis de cada diez guionistas solo ingresan un máximo de 30.000 euros anuales y únicamente el 18 % supera los 60.000, con lo que los guionistas en España no han visto mejorada su situación en comparación con el salario medio.
La irregularidad e intermitencia de ingresos obliga al colectivo de guionistas a compatibilizar el guión con otro tipo de actividades profesionales (más de la mitad, el 56 % lo hace) y por eso los encargados del estudio ven urgente la entrada en vigor de las medidas del Estatuto del Artista que garanticen que la fiscalidad se ajuste a su ritmo irregular de ingresos.
Sobre las preocupaciones de los guionistas, las principales son la visibilización de su trabajo y de su labor, y solo un tercio se considera bien reconocido por sus empleadores.
Otro dato significativo es que el 40 % de las mujeres guionistas han sufrido situaciones de acoso, tanto por razón de sexo como laboral, un porcentaje mucho más significativo que los hombres.
Sobre las plataformas de video bajo demanda, que en los últimos años han supuesto una disrupción industrial y profesional en el sector, los guionistas las consideran responsables del menor atractivo de las salas de cine y de pérdida de derechos, sobre todo por su falta de transparencia en lo que se refiere a datos de visionado, pero también las valoran por aumentar el empleo y la calidad de la producción española.
El colectivo también se muestra favorable a la regulación del uso de la IA generativa en línea con las reivindicaciones de sus colegas en Estados Unidos, y coincide en la importancia de garantizar que el avance tecnológico no afecte negativamente a trabajos creativos como el del guión. EFE
bec/bal