Sevilla, 1 jul (EFE).- Amnistía Internacional ha celebrado este martes un evento virtual en paralelo a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Sevilla para defender una «justicia restaurativa» en esta materia y urgir a los Estados a salvar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En una entrevista con EFE, la asesora principal sobre Fiscalidad y Derechos Humanos de esta organización, Riva Jalipa, ha explicado que con este evento paralelo pretenden poner de manifiesto que las «injusticias son históricas».
«Como resultado del colonialismo y la esclavitud, el mundo desarrollado ha podido avanzar mucho más rápido, a costa y sobre las espaldas e incluso las vidas de comunidades marginadas y racializadas. La idea no es pedir caridad ni ayuda: los países en desarrollo necesitan condiciones equitativas para poder participar en la gobernanza económica global», ha advertido.
Según Jalipa, estos países necesitan «un lugar en la mesa» donde puedan expresar sus preocupaciones, por lo que el evento paralelo quiere reiterar que el «norte global» tiene una responsabilidad hacia los países en desarrollo y los menos desarrollados «para que puedan autogobernarse y tener soberanía económica».
Recortes en ayuda internacional
Preguntada sobre si los países donantes están incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos al recortar la ayuda internacional, ha sostenido que la cooperación y asistencia implica garantizar una colaboración significativa y un apoyo real a los procesos que permitan la redistribución.
También supone, ha añadido, asegurar que no se disminuya la capacidad de otro país para generar el máximo de recursos disponibles.
Recortar la ayuda es una de las formas en que no se están cumpliendo las obligaciones extraterritoriales y tampoco se está apoyando a los procesos de la ONU, incluidos los esfuerzos de incidencia en torno a la convención sobre fiscalidad de la ONU y la convención sobre la deuda.
«Perdemos 492.000 millones de dólares en ingresos debido a la evasión y elusión fiscal. Si lográramos eliminar los flujos financieros ilícitos vinculados a estos mecanismos, los Estados tendrían mucho más dinero disponible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», ha indicado Jalipa.
Esta asesora principal en Amnistía Internacional sostiene que la convención sobre fiscalidad de la ONU permite a los países tener más derechos fiscales y una participación más democrática: el derecho de todos los Estados a participar en los asuntos económicos que les afectan.
Crisis climática
Por otra parte, ha advertido de que la crisis climática resulta a su vez una de las mayores amenazas a los derechos humanos, en las que el uso continuo de combustibles fósiles está teniendo impactos «devastadores» sobre los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda.
«La responsabilidad debe ser diferenciada en la medida en que las personas que menos han contribuido al cambio climático sufren sequías, inundaciones y migraciones forzadas crecientes. Es urgente garantizar que trabajadores, comunidades dependientes y países de renta baja no paguen el costo de la transición y que los pueblos históricamente menos responsables no sigan siendo los más afectados», ha considerado.
Para que esto sea posible, ve necesario movilizar recursos -al menos 1 billón de dólares anuales- para la mitigación, adaptación y reparación de pérdidas y daños.
Los países y empresas que más se beneficiaron del uso de combustibles fósiles tienen la responsabilidad, a juicio de Jalipa, de financiar la transición energética global. EFE
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